MORELIA, Mich., 22 de enero de 2018.- El Instituto de la Judicatura michoacana está en vías de obtener el estatus de Escuela Judicial, con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, para poder ofrecer al personal del Poder Judicial diplomados, maestrías y doctorados, anunció el presidente de ese poder, Marco Antonio Flores Negrete.
Por cuestiones presupuestales la Escuela Judicial no podría ser abierta ya que no se pueden destinar recursos públicos para la capacitación de personas externas por lo que sería estrictamente para fortalecer la carrera judicial, indicó.
El Instituto de la judicatura fue creado desde 1985 y hasta 2007 se encargaba de la formación, capacitación y actualización de escribientes, notificadores, actuarios, secretarios de acuerdo y jueces, pero desde entonces, conjuntamente con la Comisión de Carrera Judicial, realiza todos los concursos de oposición que se dan en las diferentes áreas del Poder Judicial, única forma de ingresar.
El director de ese Instituto, Emmanuel Roa Ortiz, parte del derecho de los ciudadanos a que todos los integrantes del Poder Judicial no solo conozcan muy bien el amplio campo del derecho, las técnicas y todos los medios de interpretación y argumentación para poder llegar a un resultado no solamente de acuerdo con la ley sino a un resultado justo.
En entrevista, consideró que la justicia es uno de los valores más anhelados por la sociedad y es lo que busca en el Poder Judicial por lo que la capacitación que se brinda es para tratar de responder a esa expectativa.
La diferencia del servicio educativo con el que ofertan las universidades públicas y privadas es que éstas buscan formar investigadores y académicos mientras que en el Instituto el objetivo es formar buenos servidores públicos.
Señaló que si bien el Poder Judicial está integrado por egresados de universidades públicas y privadas, el conocimiento adquirido no es suficiente ya que requieren de un conocimiento muy específico y especializado para la función que desarrollan.
En la llamada carrera judicial el puesto básico es el de escribiente y de ahí suben a notificadores, actuarios, secretarios proyectistas de juzgados de primera instancia, secretarios de acuerdo y de sala y jueces en sus diferentes modalidades y aunque los magistrados no forman parte de la carrera de todas formas llegan al cargo por concurso de oposición, aunque con un toque político ya que de la terna que integran los mejores del concurso el Congreso del Estado elige a uno.
Para ser escribiente los requisitos son mínimos ya que con tener acreditado el programa académico del segundo año de la licenciatura en Derecho se puede concursar por un puesto e iniciar la carrera judicial, pero de ahí para arriba se exige título profesional y cédula para poder ejercer la profesión.
De esa forma es que la demanda para escribientes la conforman un 95 y hasta el 100 por ciento de aspirantes externos, pero en el escalafón la relación es de un 70 por ciento de aspirantes internos y un 30 por ciento de externos.
Roa Ortiz señaló que al ser el ingreso al Poder Judicial por concurso, éste implica una formación teórica y práctica que oscila entre los tres meses y medio para un escribiente hasta un año para llegar a ser juez.
El conocimiento que se adquiere en el instituto no tiene costo, pero esto no implica que no les cueste a quienes aspiran a ascender en el Poder Judicial ya que el horario de clases es los viernes por la tarde y los sábados, al término de la jornada laboral semanal.
Además invierten en su capacitación ya que la mayoría de quienes asisten a los cursos vienen de todas las regiones judiciales del estado: Zitácuaro, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Apatzingán por lo que gastan en transporte, alimentación y hospedaje, aunque también los hay de Morelia para quienes relativamente es más cómodo porque al menos sacrifican la mayor parte de su descanso.
A los docentes no les va mejor ya que jueces y magistrados que conforman la plantilla magisterial no reciben un ingreso extra y tampoco se les repone el tiempo de su descanso que dedican a la formación, capacitación, actualización y especialización de los servidores públicos de la judicatura.
Roa Ortiz reconoció que hasta ahora las diversas administraciones del Poder Judicial han apoyado la capacitación, pero como en todo lo que tiene que ver con educación, hace falta ampliar el plan de estudios para abarcar el manejo de medios de comunicación o cómo responder a las redes sociales para poder dar mejores resultados.
Hace falta también ampliar la infraestructura porque las instalaciones del antiguo Palacio de Justicia, son insuficientes, pero el edificio de la Escuela Judicial está parado por algunas fallas en su construcción que todavía no se define cómo se van a resolver, aunque eso corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con la que el Poder Judicial firma convenios para la realización de las obras que le son autorizadas.