Mujeres, quienes más piden orden de alejamiento y contra la pareja

MORELIA, Mich., 28 de marzo de 2024.- Las medidas de protección otorgadas por las autoridades son para las víctimas de cualquier delito y que se encuentran vulnerables a sufrir otra agresión; en Morelia, la Policía Municipal cumple de entre 80 y 90 de estos mecanismos. 

En entrevista, la directora de Acceso a la Justicia, del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, Yahveth Pintor Velázquez, detalló que estas medidas pueden ser obsequiadas por la Fiscalía o por una autoridad judicial y pueden variar, con base al delito y su comisión.

“Una medida de protección garantiza a la víctima la seguridad a su integridad personal. En Michoacán las instituciones estamos para garantizar esa protección, y no son únicamente para las víctimas de la violencia familiar, sino para cualquier delito. Se impone de acuerdo al delito y la narrativa de los hechos”, expresó la Fiscal. 

En el caso de los delitos en agravio de la mujer que sufrieron por violencia doméstica, la Fiscalía otorgó tres mil 299 medidas de protección en 2023. De dichas medidas, dos mil 976 fueron preventivas y 323 ratificadas ante los jueces de control.

Las medidas en favor de las víctimas pueden ser diversas, no son a tabula rasa, sino que se ajustan a las necesidades de cada persona. Puede ser guardia y custodia, visitas domiciliarias y botones de emergencia. 

En ese tenor, el comisario de Morelia, Juan Pablo Alarcón Olmedo, señaló que actualmente la Policía de la ciudad cumple de entre 80 y 90 órdenes de las diversas instancias al día. 

“Nos organizamos de tal manera que al hacer el barrido por la ciudad, el cumplimiento funcione como un reloj. Al ir avanzando el día, vamos haciendo las visitas domiciliarias, además de que estamos pendientes todo el día en caso de que requiera nuestra presencia alguna de las personas beneficiadas, que en la mayoría son mujeres que sufrieron violencia familiar por parte de su pareja”, declaró en entrevista telefónica. 

Pero como indicó la Fiscal, es para cualquier víctima, y puede ser desde un delito familiar, amenazas, robo, etcétera, además de contar con algunas medidas específicas para atender a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que son un grupo susceptible a las agresiones, tanto del crimen organizado como de funcionarios.