Instructores del área de la salud, referentes de la UMSNH: Rectora
MORELIA, Mich., 20 de octubre de 2016.- La Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) muestra un doble discurso respecto del tratamiento de los estudiantes normalistas detenidos por daños generados durante movilizaciones, aseveró Arcadio Méndez Hurtado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM).
Méndez Hurtado reiteró que en tanto la dependencia detiene a los jóvenes que participan en movilizaciones violentas, a la vez solicita la modificación de las medidas cautelares impuestas para que puedan enfrentar su proceso en libertad.
Expuso que los jueces solicitan la comprobación de que los detenidos secuestraron los autobuses, participaron de manera activa en la quema de unidades y cometieron los ilícitos que se les imputan, lo cual es “imposible”.
No obstante, se descarta el que los normalistas son llevados ante el juez luego de haber sido sorprendidos en autobuses reportados como robados y en poder de bombas molotov, ya que los juzgadores señalan que no hay elementos que permitan suponer la comisión de conductas ilegales.
Detalló que es una “excelente” noticia el endurecimiento de las penas por robo de uso, que incrementaron hasta 12 años de prisión y obligatoriedad de la reparación de los daños causados.
El también presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasajeros y Turismo (Canapat) expuso que la responsabilidad por el fomento de estas conductas no corresponde a la actual administración estatal, sino a la encabezada por Lázaro Cárdenas Batel, así como a Luis Miranda, quien fuese subsecretario de Hacienda, ya que éste los “maiceaba” y proporcionaba dinero para proseguir sus actividades de protesta.
“Estos (los estudiantes normalistas) se acostumbraron a comer carne y ahora rechazan las croquetas”, refirió Méndez Hurtado.