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MORELIA, Mich., 17 de junio de 2021.- El ayuntamiento de Morelia no dispone, en el corto plazo, de los recursos requeridos para el pago de 47 millones de pesos a Geoingeniería Aplicada, conforme la sentencia obtenida por la empresa que estuviera a cargo de la actualización catastral, refirió Christian Omar Segura Alanís, abogado de la administración municipal.
Explicó que luego de la emisión de la sentencia condenatorias para el municipio por parte del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), la empresa ha hecho “una mala interpretación”, ya que aunque el ayuntamiento capitalino no tiene intención de desacatar y no pagar, no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo en lo inmediato y en una sola exhibición.
“De acuerdo con la ley, nadie está obligado a lo imposible”, aseveró Segura Alanís.
Señaló que, en coordinación con la Tesorería Municipal, se buscarán los tiempos establecidos por la ley para efectuar los pagos y definir los plazos y los montos de las ministraciones de estos.
Asimismo, mencionó que se tiene ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción un procedimiento en contra de Geoingeniería Aplicada por entregables no comprobables, la generación de datos falsos y otros.
Afirmó que la investigación se encuentra avanzada y se espera que “pronto” tenga lugar la audiencia de imputación.
Sin embargo, para este proceso tampoco se tiene aún fechas establecidas.
En el período de 2015 a 2018, la administración municipal llevó a cabo la actualización catastral, para poner al día el valor catastral de propiedades que pasaron de ser terrenos a construcciones, donde se aumentaron los metros cuadrados de edificación o se mejoró la infraestructura urbana adyacente.
Con esto, se proyectó incrementar la recaudación de recursos propios del municipio y actualizar las contribuciones de pagadores de impuestos que tenían cuota del impuesto predial desfasadas, respecto de las condiciones reales de sus inmuebles.
Los trabajos se asignaron a la empresa Geoingeniería Aplicada, que recibiría como contraprestación el 30 por ciento de la recaudación efectivamente lograda a través de sus actividades de actualización catastral.
No obstante, la gestión local 2018 a 2021 suspendió el pago a este contratista con el argumento de encontrarse entre los prestadores de servicios que registraron irregularidades en sus contratos.