Bloquean leñadores la Morelia-Pátzcuaro en ambos sentidos
MORELIA, Mich., 10 de marzo de 2025.- En la búsqueda por garantizar el bienestar de sus familias, los vecinos del fraccionamiento Alamedas contrataron un servicio de seguridad privada, sin embargo, el plan les salió mal, porque el guardia les robó los monitores del sistema de vigilancia y una moto a un vecino.
De acuerdo al Artículo 21 de la Constitución, es obligación del Estado Mexicano proporcionar la seguridad a los ciudadanos, pero ante la falta de garantías recurrieron a una empresa particular, en el año 2024, de acuerdo a la causa penal 3306/2024.
La compañía contrató a Carlos Daniel G, un hombre jovial, con la esperanza de que fuera él quien diera los rondines dentro del fraccionamiento, pero este no sólo no cumplió con sus labores, sino que se aprovechó de la confianza.
La madrugada del 4 de agosto, de acuerdo a la imputación formulada por el Ministerio Público, Carlos Daniel G, tomó de la caseta de vigilancia los monitores y causó algunos daños dentro del inmueble.
Carlos Daniel G, sí hizo rondines, pero no para vigilar, sino identificar una motocicleta y después llevársela, con todo y que fue visto por otros vecinos de ese asentamiento.
Celic M, presidenta de la organización de vecinos, se percató que el nuevo vigilante empujaba la motocicleta, pero pensó que este ayudaba al dueño, no fue sino hasta la mañana del mismo día que se confirmó el robo.
Pablo David, víctima, acudió con los vecinos a exigir una respuesta, finalmente él también pagaba la vigilancia y ahora había sido robado mientras dormía, pero no había cómo ayudarlo, las cámaras de vigilancia no funcionaban y la misma caseta tenía daños y no había monitores.
El imputado abandonó el lugar con los monitores y la motocicleta, pero ante la posibilidad de que lo detuvieran con la moto robada, finalmente optó por abandonarla en la salida a Quiroga y no volver al fraccionamiento.
La motocicleta fue asegurada y el caso llegó a judicializarse hasta obtener la vinculación a proceso este lunes, sin embargo, las posibilidades de que la víctima reciba la reparación del daño es complicada, ya que el sospechoso enfrenta otras carpetas de investigación y está privado de la libertad.