MORELIA, Mich., 11 de junio de 2021.- Michoacán enfrenta una alta probabilidad de experimentar el nacimiento de un nuevo volcán, como lo indica la presencia de enjambres sísmicos detectados en 2020 y que este año han continuado, en la zona de Nuevo San Juan Parangaricutiro, señaló Patricia Alarcón Chairez, investigadora adscrita a la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Sin embargo, actualmente no es posible predecir la fecha estimada o el sitio donde este evento podría tener lugar.

Alarcón Chairez explicó que en 1997, 1999, 2006, 2020 y 2021 se han encontrado enjambres sísmicos, consistentes en una gran cantidad de sismos que siguen a un movimiento significativo, en las inmediaciones del volcán Paricutín.

Estos enjambres sísmicos son indicadores de la probabilidad del surgimiento de un volcán, y a mayor cantidad de movimientos, más elevada es la posibilidad de un fenómeno de esta naturaleza; en 2020 en el área se detectaron más de cuatro mil sismos y en 2021, desde mayo pasado, más de 300.

Los municipios que podrían verse involucrados y, por tanto, resultan más vulnerables son Angahuan, Los Reyes, Peribán y Uruapan, así como Nuevo San Juan Parangaricutiro.

“Michoacán se encuentra en una zona sísmica, Morelia está rodeada por volcanes, como El Quinceo o en Santa María, por ello hay tanta cantera; ahora los movimientos se han concentrado en San Juan Nuevo Parangaricutiro, pero frente a Oaxaca y Chiapas convergen las placas tectónicas de Cocos, El Caribe y Norteamericana, sólo México y Japón tienen esa característica”, refirió Patricia Alarcón.

Reiteró que los instrumentos actuales sólo permiten prever posibilidades, por lo que pese a la recurrencia de enjambres sísmicos, no hay mecanismos que permitan establecer la fecha y el sitio en que se podría presentar el nacimiento de otro volcán.

Amenazas y vulnerabilidad

Sin embargo, expresó que la sociedad registra una vulnerabilidad estimada por el 80 por ciento frente a este tipo de fenómenos, por factores sociales, económicos, legales y por la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus (Covid 19).

Lamentó que luego del sismo de 2017, aunque se esperaba realizar mejoras en los sistemas de detección de sismos y prevención de afectaciones, “no se hizo mucho”.

Al momento, fuentes de financiamiento como los fideicomisos de ciencia y tecnología y el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) han desaparecido, pero inclusive con estos no se lograron avances importantes, “teníamos un proyecto de acelerógrafos, se obtuvo recursos de la Federación, pero no del estado y no se hizo, creo que se debió regresar el dinero”.

Explicó que ante un fenómeno natural que puede llevar a un desastre, existen la amenaza y la vulnerabilidad, la que es construida socialmente, por lo que aunque las autoridades tienen una responsabilidad en este factor, es compartida con la población.

“Advierten que en una zona no se puede construir, y se construye; va un grupo a invadir áreas de riesgo, y construyen; hay un sismo y las personas no acuden a revisar sus propiedades, las escuelas donde estudian sus hijos, si el gobierno no lo hace, corresponde a las personas exigirlo”, expresó la investigadora nicolaita.

Agregó que en el caso del medio rural, donde la vulnerabilidad se acrecienta por la construcción de viviendas con materiales como el adobe, señaló que existen métodos económicos con los que es posible reforzar las edificaciones para disminuir la posibilidad de pérdida de vidas y de infraestructura.

Aseguró que se requiere de un análisis de las condiciones de la población para abatir los riesgos y la vulnerabilidad ante un fenómeno natural.