Mantiene México 100 años de atraso en ley de acciones colectivas

MORELIA, Mich., 12 de abril de 2024.- Consecuencia del sometimiento de la clase política al poder económico, México tiene un atraso de casi 100 años en su ley de acciones colectivas, lo cual limita el acceso a la plena justicia en todas las ramas del derecho, principalmente a consumidores y en materia ambiental.

Así lo expuso este viernes Antonio Gidi, catedrático de la Universidad de Syracuse, Nueva York, Estados Unidos, al impartir la conferencia magistral Los procesos colectivos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que constituyen acciones jurídicas para que vía demanda civil un grupo denuncie violaciones y demande reparación.

En la sede del antiguo Palacio de Justicia, Antonio Gidi, reconocido por su experiencia y conocimientos en procedimientos civiles, acciones colectivas y derecho comparado, hizo un diagnóstico negativo del ejercicio de ese derecho humano ante los miembros de la comunidad jurista de Michoacán, jueces, magistrados y estudiantes de derecho.

Tras una serie de definiciones, y un recorrido por el origen, las formas en que las acciones colectivas comenzaron a configurarse en Estados Unidos, Brasil, Argentina y Europa, a principios del siglo 20, Antonio Gidi refirió que en México se creó una ley entre 2004 y 2005, sin embargo, se realizó de tal manera que no es sencillo favorecer a las mayorías.

“La ley de acciones colectivas en México es una porquería, es horrible, contradictoria, incomprensible. Esto es así por la resistencia de las grandes empresas y porque los políticos de este país se han sometido al poder económico. Existe esta ley desde hace 15 años y ni siquiera se conoce, creí que habría una reforma, pero no ha sido así”, expresó.

Y es que, detalló que la normativa para las acciones colectivas en México se limitó deliberadamente a la perspectiva “opt-in”, en la que se requiere consentimiento explícito de los miembros del grupo para formar parte de la demanda, mientras que las normas de avanzada se inservan en un marco “opt-out”, en que se puede presumir el consentimiento a menos que se indique lo contrario, y en consecuencia el reclamo social es más poderoso.

Antonio Gidi disertó en el marco del programa cultural y de capacitación, organizado por del Poder Judicial de Michoacán, por el 2024, Año del Bicentenario de la Instalación del Superior Tribunal de Justicia de Michoacán.