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MORELIA, Mich., 6 de septiembre de 2018.- Después de seis años de intentos por regular las adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y contratación de servicios, se logró el acuerdo para aprobar el reglamento correspondiente para poder avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas a las que se ha resistido el Poder Legislativo del Estado.
De acuerdo con el dictamen de la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional desde el inicio de la actual Legislatura, el Comité de Administración y Control será el responsable de llevar a cabo las adquisiciones para lo cual elaborará y publicará convocatorias y bases de licitaciones públicas.
Las contrataciones se llevarán a cabo con los siguientes criterios: adjudicación directa, de uno a 600 salarios mínimos; invitación restringida a cinco proveedores como máximo, de 601 a mil salarios mínimos; licitación pública de mil uno salarios mínimos en adelante.
Se elaborará y publicará un padrón de proveedores, el cual dará certeza de a quién se le compra, en el que no podrán inscribirse los servidores públicos del Congreso, sus cónyuges o parientes consanguíneos, por afinidad o civiles, hasta el segundo grado, o terceros con los que tengan relación laboral, o con interés particular, incluyendo los socios o sociedades en aquellas en que esté el servidor público.
El Comité elaborará y rendirá cada seis meses al pleno un informe detallado y conciso de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que se hayan hecho. El cual deberá ser publicado en la Gaceta Parlamentaria, así como en el portal web del Congreso del Estado.
La Secretaría de Administración y Finanzas deberá elaborar un plan anual de compras el cual se turnará al Comité y deberá ser aprobado por el pleno del Congreso, en materia arrendamientos y contratación de servicios, con esto ya no habrá posibles discrecionalidades, ni gastos no programados, se hará conforme al presupuesto establecido y las necesidades reales del Congreso, evitando despilfarros y compras innecesarias.
Además, planeará y proyectará los gastos de tal forma que se eviten endeudamientos con los proveedores o con instituciones bancarias.
Las contrataciones que realice el Congreso del Estado deberán ser acorde a los principios de: economía, austeridad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad, transparencia y racionalidad.
Los recursos que se generen por la enajenación de bienes muebles, serán destinados para beneficio social.
Según el dictamen presentado por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, con el Reglamento se refuerzan las atribuciones que ya tenía el Comité de Administración y Control y se auxiliará de la Contraloría Interna del Congreso, para transparentar el origen de compras que realice la Secretaría de Finanzas, así como garantizar que el procedimiento se haya seguido correctamente.