MORELIA, Mich., 20 de octubre de 2016.- Los legisladores no pueden construir políticas de represión social como se pretende hacer con la Ley de Regulación de Manifestaciones, en lugar de asumir el contrapeso político que tienen para citar a las autoridades que son omisas con la aplicación de la ley, afirmó el constitucionalista Gumesindo García Morelos.
El especialista considera que el predictamen de Ley de Regulación de Marchas es deficiente y no se apega a los estándares de protección mínima de la libertad de expresión y de manifestación, además de que no se ha legitimado sometiéndola a discusión porque hasta ahora no ha generado un diálogo ciudadano.
“El procedimiento empieza a tener vicios; por ejemplo, se tuvo un encuentro con empresarios y fue público ¿porque excluyen del encuentro a ciudadanos de grupos opositores? El congreso viola la libertad de expresión y la libertad política desde el momento en que no quiere reunirse con disidentes, quiere reunirse únicamente con los interesados en esta iniciativa y esa es una violación a la
democracia”.
En entrevista señaló que la soberanía del Congreso no queda legitimada si se aparta de los principios esenciales del estado de derecho que es el respeto a los valores fundamentales como es la libertad de expresión y de manifestación que son pilares de la oposición frente al abuso del poder.
“No puede perderse de vista que las manifestaciones han sido un instrumento social de control y oposición al poder y existe un marco jurídico para sancionar penal y administrativamente a los infractores; pero ese es un problema de aplicación, de omisión y de impunidad por parte de la autoridad competente”.
“Ojo, algunas acciones llegan a convertirse, en la práctica, en daños algunas personas, pero esa no es protesta, eso no necesita regularse porque en este momento se puede aplicar la ley; que no se aplique es otra cuestión y si en el congreso no conocen la existencia de esa regulación pues que lamentable…
“Y que quede claro, pintar bardas no es un derecho humano, dañar el patrimonio de terceros no es un derecho humano, afectar la libertad de personas cuando se toman inmuebles tampoco es un derecho no y tampoco forma parte de la manifestación”.
Además, indicó que no se garantizan los derechos de terceros porque lo que hace falta es una Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado para que el poder público responda por todos los daños que se ocasionan por deficiencia de las autoridades.
“Hay omisión y el Congreso tiene facultades como órgano de contrapeso para citar a las autoridades que son omisas con la aplicación de la ley; esos son los controles políticos sobre la administración pública y no lo está haciendo”, indico el experto en derecho constitucional.