MORELIA, Mich., 17 de febrero de 2019.- El principal reto del Poder Judicial es la optimización de la administración de justicia para que los jueces puedan dedicarse a resolver conflictos sin tener que preocuparse por cuestiones de carácter administrativo, afirmó el magistrado Marco Antonio Flores.
A punto de concluir el periodo para el que fue electo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado reconoce que son muchos los pendientes que dejará en ese sentido, ya que la mayoría de los espacios destinados a los juzgados no son los adecuados para prestar un servicio eficiente a la ciudadanía.
Señaló que los espacios para desahogar los asuntos civiles, fuera de Morelia, no son los adecuados, la oralidad es un tanto deficiente porque no estuvo acompañada de los recursos económicos necesarios y lo mismo ocurre con la incorporación de la materia familiar a la oralidad y tampoco se logró avanzar en las obras inconclusas.
“Cuando yo llegué a la presidencia me encontré la obra de Zamora, la de Lázaro Cárdenas, la Escuela Judicial suspendidas y pendiente el finiquito del edificio del ala norte y, al paso del tiempo vemos que ha sido un gran problema el poder concluirlas, no porque no tengamos los recursos sino porque en esta administración fue preocupación de mi parte no pagar absolutamente nada sin que previamente no se corroboraba que los trabajos se habían realizado.
“Y no porque antes no se haya hecho, pero en mi caso me enfoqué a esa parte, hemos ido poco a poco avanzando, a Zamora y Lázaro Cárdenas ya destinamos de nueva cuenta recursos para la etapa final, en lo que es la escuela judicial aún estamos pendiente de que se nos haga llegar el dictamen; nosotros no celebramos los contratos y eso es parte del problema que muchas de las veces la asignación que se hace las constructoras no son del todo las adecuadas”.
Incluso en las nuevas obras, como las que se iniciarán en Zitácuaro, se cambió el modelo del convenio de coordinación con el Ejecutivo estatal y se estableció que solamente se asignará a una empresa de principio a fin, porque anteriormente se seccionaba en primera, segunda y tercera etapa, cada una de ellas adjudicada a diversas empresas.
Desde su punto de vista ese sistema crea incertidumbre porque para poder iniciar una segunda eterna etapa se debe finiquitar la primera, incluso administrativamente, para poder reclamar las fianzas en caso de que se detecten vicios ocultos, como ocurrió en la obra de la Escuela Judicial y cuyas fianzas es probable que ya no estén vigentes.
Esa obra sobre la avenida de La Huerta está abandonada desde hace años y aunque ya hay un dictamen en el que se establece que no tiene daños estructurales se tienen que hacer algunas adecuaciones para que las plataformas, que son muy amplias, no se muevan, pero eso lo tiene que reclamar la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) que la hizo los contratos.
“Eso es lo que nos tiene atorados, nosotros no podemos destinar más dinero a la Escuela Judicial para esa etapa”, indicó el magistrado en entrevista con Quadratín.