Juez federal resuelve a favor de comunidad en Santa Clara del Cobre
MORELIA, Mich., 19 de abril de 2017.- La liberación de los ocho detenidos en Arantepacua, luego de un enfrentamiento con la policía el 5 de abril, se dio porque la información que se desarrolló por parte del Ministerio Público no dio margen para establecer la probabilidad de la responsabilidad de las personas señaladas como tales, afirmó el juez que llevó el caso, Juan Salvador Alonso Mejía.
La información que se generó durante la audiencia, la cual es pública y puede ser consultada, dio para una figura delictiva potencialmente distinta, afirmó luego de rendir protesta ante el pleno de la 73 legislatura del Congreso del Estado como magistrado de la segunda sala penal del Supremo Tribunal de Justicia.
Los detenidos fueron acusados de homicidio en grado de tentativa, pero el juzgador reclasificó el delito imputado al de lesiones, durante el encontronazo entre comuneros y policías con un saldo de cuatro personas muertas y siete policías lesionados.
En la que fue su primera entrevista colectiva como magistrado, dijo que la responsabilidad del juez es aplicar el derecho, la jurisdicción, por lo que tiene que actuar de manera imparcial y en esas condiciones llevar a cabo el desarrollo de la audiencia conforme a la información que se genere por parte de los involucrados.
“Si la información da margen para establecer la existencia de un hecho, se tendrá como tal. Igualmente la responsabilidad de las personas, si no hay esa información el juez tiene que actuar con transparencia y en tales condiciones, ante la presencia de todos, tendrá que resolver lo que su convicción le genere a partir de la información generada”.
Explicó que los derechos humanos son el primer elemento que debe tomar un juez para llevar a cabo las audiencias, el derecho a la igualdad es la dinámica que permite tomar decisiones sin generar ninguna distinción respecto de ninguna persona.
“Esta es la garantía que tienen los grupos vulnerables y los que no lo son; en ese sentido el juez garantiza a las personas que están en la audiencia un trato igual y, con esa independencia, puede llevar a cabo una decisión justa, desde luego, como ya lo mencioné, a partir de la información generada en la audiencia, ese es el punto de partida”.
Como juez de oralidad comentó que aún con la carga de trabajo normal que hay en todas las instituciones, el único problema que observa es que, a veces, las audiencias se comprometen por la cantidad programada, pero eso lo determinan los justiciables: la víctima, el Ministerio Público, la defensa, los asesores jurídicos, los peticionarios son los que marcan la pauta para el desarrollo de las audiencias.
Acerca de la politización que dieron los diputados a la designación, al intentar manejarla como cuota partidista y de género y al no lograr un acuerdo político optaron por designarlo a él, solo dijo que era una decisión del Congreso que finalmente lo favoreció.