Jucopo: influencias externas y chantajes desestabilizaron al Legislativo

MORELIA, Mich., 9 de enero de 2020.- La influencia de diversos actores políticos externos y los chantajes internos desestabilizaron al Poder Legislativo durante el primer periodo de sesiones del segundo año de la 74 Legislatura, reconoció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Javier Estrada.

“Las condiciones de esta Legislatura han sido un tanto atípicas dentro de lo que había venido siendo, pero hemos tratado de darle la mayor gobernabilidad posible al Congreso, hasta donde se nos ha permitido. Debemos reconocer que hay influencia de diversos actores políticos internos y externos”.

El diputado del Partido Acción Nacional consideró que hacer un balance de lo que fue el primer periodo de sesiones del segundo año de la 74 Legislatura es muy difícil, porque hay varios pendientes que a jalones van a salir como la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o la posición que corresponde al Poder Legislativo en el Consejo del Poder Judicial.

Así salió la designación del Auditor Superior de Michoacán o la creación de la Unidad Programática Presupuestal (UPP), que le da autonomía financiera al órgano fiscalizador que hasta el año pasado dependía del Congreso del Estado, lo cual no es poca cosa, indicó el legislador.

Reconoció también que, más allá de la capacidad que pudo o no tener para generar acuerdos, no hubo condiciones para elaborar el presupuesto del Congreso o cerrar las cuentas de 2018 y 2019 por los chantajes que se dieron al interior, y al no darles entrada se pudo dar gobernabilidad.

“Tendrán que asumirse las responsabilidades por cada órgano que le corresponda, pero bueno creo que también algunos temas se van a ir desatorando; es una situación lamentablemente que se vuelva un órgano de poder quien tiene que hacer pasar los informes -el Comité de Administración y Control- y debemos contextualizarlo de esa manera”.

Estrada indicó que no les queda más que saber convivir con esas posturas y asumir con toda responsabilidad las consecuencias, tanto jurídicas como políticas, que conlleva el hecho de no cerrarse las cuentas públicas 2018 y 2019 porque no se tuvieron los informes correspondientes.