Irregulares, más del 35% de las empresas de seguridad privada en México

MORELIA, Mich., 27 de octubre de 2022.- En México, más del 35 por ciento de las empresas especializadas en seguridad privada se encuentra en condiciones de irregularidad, señaló Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

Sin embargo, esta condición no es ocasionada por la falta de voluntad de los prestadores del servicio de apegarse a la ley, sino por la asimetría que presentan actualmente los marcos normativos federal y estatales, que exigen diferentes aspectos y en distintas formas a las unidades económicas, sin facilidades para una conciliación entre estas exigencias.

En reunión con autoridades estatales y municipales, efectuada este jueves 27 de octubre, en Morelia, señaló que se estima que en el país hay seis mil empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, las que dan empleo a alrededor de 500 mil personas.

De este universo, por lo menos dos mil 100 empresas se encuentran en la irregularidad.

Agregó Sapién Santos que no hay un banco de datos de empresas especializadas en la prestación de servicios de seguridad privada, por lo que algunas proyecciones se basan en los registros de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un indicador que no resulta fiable por la existencia de empresas en la irregularidad.

Esta irregularidad, reiteró, suele generarse por un “cultivo perfecto” que alienta el no apego a las normas federal y estatales no compatibles, con distintas demandas y requerimientos que les hacen “incumplibles”.

“Yo siempre pongo un ejemplo muy práctico: imagina una custodia de mercancía que debe ser trasladada de Querétaro al puerto de Acapulco, tenemos que apegarnos a la ley federal, porque pasamos por varios estados, y esa ley federal pide una cosa; tenemos que apegarnos a las leyes de los estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero, todas ellas diferentes, es incumplible el marco regulatorio”, detalló.

Para resolver esta situación, indicó que se precisa de la emisión por el Congreso de la Unión de una ley general de seguridad privada, que además no es un asunto de voluntad política, sino un mandato constitucional por la modificación al artículo 73 de la Carta Magna.

El presidente del CNSP refirió que esta ley de seguridad privada debe ser emitida en los siguientes 180 días a la modificación, por lo que permanece como un pendiente para los legisladores federales que se deberá atender en el corto plazo para dar orden y factibilidad al sector.