Investiga Fiscalía por cohecho a abogado de empresa aguacatera

MORELIA, Mich., 13 de febrero de 2025. - Luego de la denuncia en contra del ex fiscal de Asuntos Especiales, Jorge Camacho Delgado, la Fiscalía General del Estado inició carpeta de investigación por cohecho en contra del representante legal de Avouruapani, Juan Carlos Venegas Álvarez.

Así lo confirmó el empresario en encuentro con medios de comunicación.

Venegas Álvarez señaló que en enero, antes de hacer mediático el caso en contra del ex fiscal Jorge Camacho Delgado, acudió a la Fiscalía General del Estado, para denunciar el caso por supuesta extorsión, pero este fue turnado, nuevamente a la Fiscalía de Asuntos Especiales.

Explicó que, "se presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero se declaró incompetente, paso entonces a la de Asuntos Internos, ahí no aceptaron levantar la denuncia y finalmente me indicaron que pasará a la de Asuntos Especiales. Sentí miedo", declaró.

El caso no procedió en las primeras dos fiscalías porque se trata del delito de Cohecho, considerado en el Código Penal del Estado, consistente en el pago de dinero o con algún otro mecanismo a funcionarios públicos para que hagan o dejen de hacer algo, cosa que confirmó el mismo abogado, porque presentó comprobante de pagos a los ex funcionarios.

Por lo anterior, no procedió como acto de corrupción ni a la de Asuntos Internos, y, según confirmó el denunciante, se determinó por cohecho, por lo que tanto es investigado el empresario como el ex fiscal y ministerio público involucrado.

El representante de Avouruapani presentó los comprobantes de pago, pese a que estos podrían incriminarlo en el delito que se investiga.

Según las propias palabras del investigado, acudió a las autoridades estatales por el delito de fraude específico, por parte de una empresa a la que se le entregaron 500 toneladas de aguacate y nunca la pagaron, por un estimado de 17 millones de pesos.

La carpeta de investigación procedió y continuo su curso, incluso se obtuvo orden de aprehensión, que se encuentra vigente, en contra de Jorge Abarca Andrade y Perla Rubí Galván, sin embargo, estos se encuentran prófugos de la justicia.

Poco después, nuevamente es defraudada por ocho millones de pesos, denunció y el proceso continúa abierto.

Es decir, nunca se dejó de investigar, pero los sospechosos salieron del país, se emitieron fichas rojas de búsqueda y están a la espera de la acción de las autoridades extranjeras.