Instrumento de juicio político, mal interpretado por ciudadanos

MORELIA, Mich., 1 de junio de 2018.- El instrumento de juicio político está siendo mal interpretado por los ciudadanos que recurren a presentar denuncia para que éste revoque resoluciones del Poder Judicial, afirmó la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Rosa María de la Torre Torres.

“Los denunciantes pretenden utilizar al Congreso del Estado como un tribunal de alzada para revocar las decisiones de los jueces en juicios administrativos que no les son favorables”, indicó la legisladora luego de que no han procedido tres denuncias de juicio político en contra de jueces de Ario de Rosales, Tacámbaro y Apatzingán.

Esas denuncias de juicio político involucran también a magistrados y consejeros del Poder Judicial por lo que no puede intervenir ya que los conflictos con magistrados y consejeros únicamente el Congreso del Estado puede dirimirlos y el Poder Legislativo ya determinó que no proceden esas denuncias.

El consejero y presidente de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder Judicial, Jesús Sierra Arias fue consultado para conocer si luego de esas denuncias de juicio político se prendían focos rojos sobre el actuar de los jueces y magistrados y señaló que ellos actúan conforme a lo establecido en la Constitución y su Ley Orgánica.

Señaló que acuerdo con la Constitución, únicamente el Congreso del Estado podrá privar de su encargo a magistrados y consejeros cuando incurran en falta de probidad u honradez, mala conducta, negligencia en el desempeño de sus labores o cuando acepten desempeñar otro empleo o cargo de la Federación, estados, municipios o particulares, salvo las actividades no remuneradas de la academia, docencia, investigación o de beneficencia en horario no laborable.

Las razones por las que el Consejo puede sancionar a magistrados y jueces son prácticamente las mismas, aunque más desglosadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sobre los asuntos jurisdiccionales la ruta también es muy clara, si un particular no está conforme con la resolución de un juez, puede iniciar toda una ruta de apelaciones que concluye en el amparo de la justicia federal en los casos en que la razón les asiste, por lo que tampoco tienen motivos para intervenir, señaló el consejero.