ZACAPU, Mich., 7 de agosto de 2017.- El precio comercial de predios destinados a la producción agrícola es hasta cinco veces superior al precio que alcanzan en el mercado los predios forestales, lo que incentiva la adquisición de estos últimos para la instalación de huertas productoras de aguacate, expresó Nicolás Mendoza Jiménez, coordinador de la Policía Ambiental de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Mendoza Jiménez detalló que además del valor que en los nichos económicos ostenta el aguacate y su éxito en la comercialización internacional, el hecho de que los espacios de vocación agrícolas disponibles para la instalación de huertas frutícolas resulten significativamente más costosos que los predios de vocación forestal y preferentemente forestal motiva a muchos aguacateros a recurrir al cambio de uso de suelo de espacios forestales.
Así, en lugar de aprovechar las parcelas que se encuentran subutilizadas por la estadía de sus propietarios en Estados Unidos, por carencia de recursos económicos para iniciar la producción, por aguardar condiciones favorables de mercado o alguna otra circunstancia, una proporción de productores de aguacate adquiere extensiones de monte que posteriormente experimentan deforestación, en detrimento de la prestación de servicios ambientales como agua y oxígeno para los propios predios, las poblaciones humanas y los ecosistemas.
Agregó que las regiones de Zacapu, Villa Madero, Ocampo, Zitácuaro y Tuxpan se han convertido en focos críticos por la tala de bosques con fines de establecimiento de huertas, principalmente de aguacate, aunque también de guayaba y frutillas.
Recordó el coordinador de la Policía Ambiental que el aguacate de adapta con éxito a los espacios forestales, lo que no obstante no es justificación para derribar zonas arboladas y sustituirles por huertas del llamado oro verde.
Expuso que al momento la intervención del estado, a través de la Mesa de Seguridad Ambiental, se enfoca tanto en la desinstalación de huertas irregularmente establecidas en predios de vocación forestal y preferentemente forestal, como en la celebración de convenios con los productores aguacateros para que estos cesen la expansión de la frontera agrícola a costa del bosque, al tiempo que implementan medidas de compensación del daño ha generado, como la reconversión de una proporción de la superficie de huertas de aguacate que oscila del 10 por ciento al 30 por ciento a bosques.
Acotó que el estado no se encuentra en contra de la producción de aguacate, sino que se opone a la destrucción de los bosques para la producción de aguacate o la instalación de otros sistemas productivos, agrícolas o ganaderos.
Al momento, no se considera incidir mediante alguna política pública en el diferencial de los precios que favorecen la adquisición de predios boscosos para su uso como superficies agrícolas.