Presas de Michoacán, al 74 por ciento de su capacidad: Conagua
MORELIA, Mich., 8 de diciembre de 2020.- En el transcurso del presente año, 104 adolescentes de entre 12 y 18 años murieron en hechos violentos, de los cuales 19 eran mujeres, de acuerdo a cifras oficiales de la Fiscalía General de Michoacán.
El mayor número de casos los concentran adolescentes hombres, 85 homicidios dolosos, siendo las edades de mayores casos confirmados de entre 16 y 18 años hasta el cierre de noviembre pasado. Sin embargo, hay nueve casos de personas muy jóvenes, de entre 12 y 14 años.
Las muertes de los jóvenes podrían ser algo que se veía venir, como se dice coloquialmente, por el incremento de casos de menores en conflicto con la ley, en particular por su presunta participación en la distribución de narcóticos.
Por ejemplo, el último informe de la anterior Procuraduría General de Justicia señala que “de septiembre de 2017 y hasta agosto de 2018", recibió "entre denuncias, querellas, e informes policiales homologados" que derivaron "en el inicio de 150 carpetas de investigación”, de las que resultaron 28 vinculaciones a proceso, en contra de este sector de la población.
Los principales delitos detectados entonces fueron robo simple, lesiones, receptación, daño en las cosas, abuso sexual, amenazas contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro y extorsión.
El más reciente informe del fiscal Adrián López Solís reveló que “dentro de estas acciones se logró dar cumplimiento a dos mandamientos judiciales decretados en contra de adolescentes”, mecanismo legal al que pocas veces se recurre, a menos que la gravedad del delito lo amerite.
En torno a la política pública orientada a la asistencia del menor, este medio intentó comunicarse con la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Yolanda Equihua Equihua, sin embargo, argumentó que se encontraba en reunión y declinó la entrevista.
La organización Documenta presentó una evaluación de la realidad de los jóvenes en conflicto con la ley en 2017, con base en datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), de la que concluyen que las medidas de sanción no privativas de la libertad se han aplicado con mayor frecuencia; sin embargo, hay un inexistente seguimiento a las medidas de sanción no privativas de la libertad que se aplican a adolescentes, y tampoco se están tomando en cuenta las circunstancias que atraviesa cada adolescente.




