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MORELIA, Mich., 27 de julio de 2025.- Hacinamiento y marginación son factores que inciden en la generación de focos rojos de abandono, negligencia, maltrato y crueldad en contra de los animales, señaló Minerva Bautista Gómez, directora del Instituto Municipal de Protección Animal (Impa).
En entrevista realizada este domingo, en la plaza Melchor Ocampo, Minerva Bautista explicó que los puntos más críticos por la incidencia de delitos en contra de los animales en la capital michoacana coinciden con los asentamientos donde se observa una elevada concentración de personas, así como la prevalencia de las llamadas viviendas dormitorio, alejadas de la mancha urbana y donde las familias prácticamente sólo llegan por las noches a descansar.

Entre estos sitios, destacó las colonias Villas del Pedregal, Camponubes y Misión del Valle.
Indicó que se detecta que en estos lugares las personas suelen recurrir a la tenencia de perros para mantenerlos en azoteas o patios, con el argumento de cuidar el inmueble, pero sin garantizar condiciones mínimas para su bienestar, como agua fresca, alimento en calidad y cantidad suficientes, espacios para refugiarse de los elementos, contacto con otros animales y humanos y sociabilización.
Más aún, Bautista Gómez mencionó que se encuentra coincidencia entre los puntos críticos por delitos en contra de los animales y otros ilícitos, como la violencia intrafamiliar.
Al corte del primer semestre de 2025, el Impa recibió mil 116 reportes de presuntos delitos en contra de los animales, el 80 por ciento de estos, de una gravedad tal que justificaría el retiro inmediato de los ejemplares.
No obstante, mencionó que este retiro no se lleva a cabo, porque las personas responsables de los animales no siempre acceden, además que las instalaciones del Impa tienen una capacidad limitada "y llevarnos a los perritos para encerrarlos y hacinarlos también es otra forma de maltrato".
En estas condiciones, mencionó Minerva Bautista, la estrategia planeada para Morelia es sensibilizar y sancionar con mayor severidad a quienes vulneran los derechos de los animales.
En un primer momento, se prevé sensibilizar con charlas, acompañamiento y ayuda para dar a los ejemplares una buena calidad de vida; de conseguir una negativa a aceptar este apoyo o de reincidir en delitos que afecten a los animales, se implementarán sanciones que irán desde cinco mil hasta 50 mil pesos.
Y es que, insistió la Directora del Impa, las personas se sensibilizan sobre el bienestar de los animales cuando son convencidas o cuando se les pega en el bolsillo.
Permanece pendiente en la FGE el combate contra los delitos que afectan a los animales
Agregó que actualmente una de las problemáticas más urgentes en materia de bienestar animal en Michoacán es la atención de los casos que arriban a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Esto, debido a que la instancia únicamente cuenta con un perito veterinario y un agente del ministerio público destinados a dar seguimiento a las denuncias de posibles delitos contra los animales generadas en toda la entidad.
Explicó que alrededor del 92 por ciento de las denuncias que tiene la FGE por delitos en contra de los animales, más de 80 casos, se mantiene sin avance alguno.
Necesitamos un cambio de fondo, queremos pedir el apoyo de quien quede como titular de la FGE, porque es necesario que al frente del área de bienestar animal se encuentre una persona empática, preparada y con ética para tener un combate efectivo contra el maltrato, la crueldad, el abandono y la negligencia que lastiman a nuestros animales", destacó.
Señaló que actualmente las personas que deseen reportar un posible caso de delitos en contra de los animales puede recurrir al Impa, donde deberán proporcionar la mayor cantidad de información posible, como fotografías, videos domicilios, indicaciones para llegar a estos, residentes en los mismos, horarios de las personas que habitan en los inmuebles, condiciones en las que se encuentran los animales, para facilitar una intervención.
Posteriormente, inspectores del Impa visitan el sitio correspondiente al reporte para evaluar la situación del ejemplar y determinar si se vulneran sus derechos; de así ser, buscar el consenso con las personas para tomar acciones de reparación de daños.
De no lograr este acuerdo o de encontrar una conducta tipificada como delito, el seguimiento lo lleva a cabo la FGE como un caso penal.




