Frenan salidas alternas el combate a la corrupción en Michoacán

MORELIA, Mich., 12 de julio de 2026.-  A pesar de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Michoacán reportó avances en la recuperación de activos y un alto volumen de atención ciudadana, el camino hacia la resolución ágil de los conflictos a través de la justicia alternativa penal se encuentra prácticamente paralizado.

De acuerdo con los datos procesales del Primer Informe Anual de la fiscal especializada, Marisol Sánchez Zamudio, entregado el pasado jueves al Congreso del Estado, durante el periodo evaluado la institución únicamente logró concretar un acuerdo reparatorio y una suspensión condicional del proceso.

Estas dos salidas alternativas contrastan drásticamente con la realidad delictiva del estado, donde la Fiscalía registró un total de 233 incidencias delictivas asociadas a 37 tipos penales, concentrándose la mayor parte en conductas graves relacionadas con el manejo de recursos públicos: el peculado y el uso ilícito de atribuciones y facultades encabezaron la lista con 33 incidencias cada uno, seguidos por el abuso de autoridad (24), delitos contra la administración de justicia (24) y el ejercicio ilícito del servicio público (20).

A pesar de que la Fiscalía destacó que la actual gestión logró superar los 2 millones 699 mil pesos recuperados para el erario público mediante mecanismos alternativos de solución de controversias y resoluciones judiciales —lo que representa un incremento de casi 200 por ciento respecto a la administración anterior—, las frías cifras del desarrollo procesal revelan que la aplicación de estas salidas rápidas sigue siendo la excepción y no la regla en el sistema de justicia anticorrupción local.

Efectividad bajo la lupa: el reto de la judicialización

El balance entre las denuncias recibidas y las solicitudes de audiencia inicial ante los jueces de control abre un debate sobre la efectividad y el "cuello de botella" institucional. La fiscal Sánchez Zamudio informó que, en el último año, la dependencia brindó atención jurídica y ministerial a más de 3 mil personas, entre denunciantes, víctimas y testigos.

Sin embargo, el informe técnico detalla que de ese universo de atención y de las 233 incidencias delictivas registradas, la Fiscalía presentó únicamente 16 solicitudes de audiencia inicial ante el Juez de Control. De este bloque, se derivaron resultados como una sola Audiencia Intermedia y tres audiencias de prórroga de investigación complementaria, además de tres audiencias específicas de intervención de datos bancarios.

La titular de la Fiscalía defendió la relación costo-beneficio de la operación de la institución, argumentando que frente a un presupuesto asignado para 2025 de poco más de 13 millones de pesos (destinados a nómina y operación), la expectativa preliminar de recuperación por concepto de daño patrimonial asciende a 499 millones de pesos. No obstante, la propia fiscal admitió que estos resultados no son inmediatos: "La recuperación de esos recursos depende de la conclusión de los procedimientos ministeriales y jurisdiccionales", precisó, advirtiendo que un asunto de corrupción puede tardar hasta dos años y medio en resolverse una vez judicializado.

Inconformidad en los tribunales: la ruta de la impugnación

El limitado avance en las soluciones pacíficas o negociadas ha trasladado la batalla legal directamente a las instancias superiores. El informe de resultados procesales deja en evidencia que el nivel de confrontación e inconformidad con las resoluciones de primera instancia es elevado.

Durante el periodo de referencia, se registraron más impugnaciones ante el Tribunal de Alzada que salidas alternas concretadas. En total, cuatro causas penales fueron controvertidas en segunda instancia: una causa penal fue impugnada por la víctima, reflejando la insatisfacción de los afectados con el rumbo del proceso, mientras que otras tres causas penales fueron impugnadas por los imputados, quienes buscan revertir los criterios de los jueces de control.

Este escenario de alta impugnación y baja resolución por vías alternativas anticipa que la expectativa de recuperar los 499 millones de pesos para el erario estatal se mantendrá sujeta a largos y sinuosos litigios en los tribunales de Michoacán.