Ex policías despedidos hace 3 años exigen pago de laudos por 35 mdp

MORELIA, Mich., 14 de noviembre de 2017.- Un grupo de 60 ex policías que fueron despedidos en 2014 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron a la Comisión Estatal de Derechos (CEDH) a reiterar la queja por el supuesto incumplimiento del Gobierno del estado en el pago de laudos laborales, ganados por despido injustificado, y que en suma ascienden a 35 millones de pesos.

En rueda de prensa, Luis Gabriel Pasalagua Sandoval denunció que después de dos años que ganaron los primeros laudos laborales ante el Tribunal de Justicia Administrativa, de entre 165 mil y 230 mil pesos, para más de 60 ex policías, el monto global, considerando salarios caídos y que corresponderían alrededor de 400 mil pesos por elemento, asciende a 35 millones de pesos.

Edilberto Ayala Villalobos recordó que desde hace tres años y medio han interpuesto recursos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su homóloga estatal y otras instituciones, y no descartan llevar su queja ante organismos independientes para reclamar el pago de sus laudos.

Tras asegurar que han recibido amenazas de parte de personal de la Secretaría de Seguridad Pública para que desistan de la demanda del pago de los laudos y salarios caídos, Lizbeth Castillejos León lamentó la cerrazón con que, a su decir, se ha conducido el titular de esa dependencia, Juan Bernardo Corona Martínez, con quien dijo que ya no estarían dispuestos a tener ningún tipo de trato.

La mujer ex policía señaló que ante la crisis financiera que enfrenta el Gobierno del estado, el grupo de 60 ex policías está dispuesto a negociar, pero ya no con la SSP, sino con la Secretaría de Gobierno. Los inconformes dejaron claro que ya no les interesa la reinstalación en el cargo, sino únicamente el pago de los laudos que, con documentos en mano, aseguran que han ganado.

Cabe recordar que el despido de los ex integrantes de la Policía Estatal se llevó a cabo en 2014, estando al frente del Gobierno estatal el comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes, quien implementó una serie de medidas, como la rigurosa aplicación de  exámenes de control y confianza, para la depuración de los corporativos de seguridad, sin embargo, desde ese año policías y peritos alegaron que las pruebas se llevaron a cabo al margen de criterios y protocolos establecidos en la ley.