MORELIA, Mich., 23 de mayo de 2020.- Pese a que las leyes vigentes garantizan que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal reciban el mismo trato y tengan las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa, el actuar de los defensores públicos no es adecuado y las víctimas son revictimizadas, afirmó la diputada Yarabi Ávila.

Aunque sin generalizar a todos los servidores públicos que se encuentra adscritos al Instituto de la Defensoría Pública de Michoacán, dijo que es necesario establecer medidas de control, para que todo servidor público adscrito a esa institución no revictimice a las víctimas.

Para ello presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley de Defensoría Pública y establecer medidas que permitan clarificar el servicio que otorga el defensor público como servidores públicos, y si de esas medidas deriva una posible irregularidad en el actuar de un servidor público, se sustancie y sancione de conformidad con la Ley de responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de Michoacán y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Michoacán

En su propuesta se establece la aprobación de los criterios de evaluación periódica de desempeño de los servidores públicos adscrito al Instituto, de acuerdo a los parámetros de evaluación que deberán considerarse en el plan anual de actividades

La evaluación del desempeño será no solo del Director General sino de todos los Defensores Públicos y, en su caso, se dará visto a la Secretaría de Contraloría, para que de acuerdo a sus atribuciones que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores públicos, inicie la investigación que en derecho proceda.

El director será el responsable de organizar y dirigir los servicios de asesoría y defensa que preste el Instituto; y evaluar el desempeño de los Defensores Públicos y las áreas del mismo, conforme a los parámetros establecidos en el plan anual de actividades.

Los resultados deberá presentarlos a la Junta en un informe pormenorizado de las evaluaciones realizadas a cada uno de los Servidores Públicos adscrito al Instituto y en particular de los Defensores Públicos.