MORELIA, Mich., 23 de febrero de 2018.- Sin especificar un número, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) expuso que varios estados del país enfrentan desequilibrios en el flujo de fondos económicos para poder cubrir la nómina educativa.
En su apartado de Áreas Clave con Riesgo en la gestión del sector público, el organismo auditor señala que la complejidad financiera se debe a un conjunto de elementos que han ido construyendo un entorno con poco margen de maniobra financiera para los gobiernos locales.
Uno de estos factores es el crecimiento en las prestaciones que desde 1993 se otorgaron, con la instauración del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), derivado de las insistentes jornadas de acción y protesta de parte de sindicatos educativos.
El problema es que las prestaciones que demandan no son reconocidas por el Gobierno federal y por ello su financiamiento era cubierto principalmente con las economías de dicho Fondo y, en menor medida, con recursos locales.
Pese a que el FAEB fue reemplazado por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, se ha mantenido la carga financiera adquirida por los estados, desde entonces, para cubrir la nómina local del sector educativo, aunado al elevado número de servidores públicos incorporados a organizaciones sindicales.
A este escenario crítico se le suma el hecho de que, en los últimos 15 años, se ha registrado un crecimiento en la deuda pública de estados y municipios, por lo que actualmente el financiamiento del pago del servicio de los pasivos adquiridos es un componente importante dentro del presupuesto de egresos de dichos gobiernos.
También detalla el documento que el endeudamiento pasó de 100 mil 700 millones de pesos, en 2001, a 568 mil 600 millones de pesos en 2016, siendo que en 2011 representaba el 50.9 por ciento de las Participaciones Federales, y en 2016 el 82 por ciento.
Otros aspectos que inciden en las condiciones desfavorables de las finanzas de las entidades son el uso de fondos federales como garantía en esquemas de financiamiento diseñados por el Gobierno federal; la basificación de elevado personal que era financiado con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la creciente demanda de apoyos por parte de las universidades públicas estatales, y la solicitud recurrente a los gobiernos estatales de préstamos por parte de los municipios, a cuenta de sus participaciones, establece el informe.
Ante estas cifras, la Auditoría Superior expresó que el referido incremento se explica por la inexistencia de un marco regulatorio adecuado que permitiera conformar un ambiente de control apropiado bajo principios de racionalidad, eficiencia y transparencia, incremento de los ejecutivos estatales sobre los congresos locales, y la amplia oferta de crédito por parte de las instituciones financieras privadas.