MORELIA, Mich., 15 de noviembre de 2019.- El Gobierno federal no ha mostrado disposición alguna para acompañar a los poderes judiciales de los estados en la judicialización de la materia laboral, como sí lo hizo en la implementación del Sistema Penal Acusatorio, afirmó el presidente del Poder Judicial, Héctor Octavio Morales
“Estuvimos como Conatrib -Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia- en una reunión con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, donde estamos viendo las posibilidades, pero económicamente no se ve el apoyo de ellos, porque si requerimos infraestructura inmobiliaria, ampliación de la base de los trabajadores y recursos materiales como computadoras, es un vasto muy complicado judicializar la materia laboral”.
Por esa razón, dijo que el Poder Judicial de Michoacán no quiere aventurarse a solicitar recursos presupuestales para empezar a crear la infraestructura necesaria y esperará a hacerlo cuando sea una realidad que, consideró, será al límite del plazo establecido, 2022 y no por irresponsabilidad, sino hasta tener claridad de las necesidades de la clase trabajadora, pero a la luz también de las condiciones económicas.
En entrevista con Quadratín, señaló que la proyección presupuestal para la implementación de la justicia laboral se hará cuando definan cuántos juzgados tendrán que operar en el estado y, precisamente están en ese estudio, partiendo de que tendrán carga cero, para que la justicia laboral se dé en los términos de la Constitución, pronta y expedita.
“Una vez que tengamos esa planeación, del número de juzgados laborales que necesitamos, estaremos en condición de pedir una ampliación del presupuesto; creo que como es un cumplimiento a la norma constitucional tanto el Ejecutivo como el Legislativo tendrían que ser sensibles a esa situación”.
Morales señaló que tienen visualizado que se requerirá de personal especializado y ya están en la capacitación de los jueces civiles que van a conocer de la materia laboral, con apego a la Carrera Judicial, pero van a esperar a que la federación dé a conocer cómo va a ser la implementación en los estados.