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MORELIA, Mich., 27 de septiembre de 2022.- Hasta septiembre de 2022, se ha debido solicitar la destitución de hasta cuatro directores o subdirectores de Seguridad Pública municipal por parte del estado, al no acreditar requisitos para ostentar estos cargos, refirió José Alfredo Ortega Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Ante los señalamientos de Francisco Huacus, diputado federal, de privación ilegal de la libertad de alcaldes por parte de presuntos grupos criminales, para forzarles a aceptar a titulares de Seguridad Pública coludidos con estos, Ortega Reyes mencionó que la entidad verifica que los funcionarios propuestos por los ayuntamientos se apeguen a las normas de control de confianza y otros para ejercer estas funciones.
En el caso de los 62 municipios que signaron el convenio de colaboración en materia de seguridad pública con la entidad, José Alfredo Ortega mencionó que la SSP ha analizado sus expedientes para buscar garantizar la idoneidad; en donde no se ha acreditado ésta, se ha requerido a los cabildos la destitución del servidor público y se ha ofrecido una opción viable.
En el resto de los ayuntamientos también se efectúa una valoración, si bien el funcionario estatal declinó especificar la proporción de municipios que habían atravesado ese trance.
Hasta el momento, en cuatro de los casos se determinó que el director o subdirector de Seguridad Pública incumplía con la norma y se debió requerir su remoción; si bien no expuso los municipios donde esta situación se detectó, el titular de la SSP mencionó que fueron localidades que no signaron el convenio de colaboración.
De negarse el Cabildo a la destitución del perfil no apto para encabezar la política municipal de seguridad pública, precisó, el ayuntamiento sería sancionado, escenario que no se ha identificado.
La detección de perfiles no aptos para labores de seguridad pública no se limita a los altos mandos locales, ya que en la Guardia Civil se han encontrado en el último año por lo menos 20 individuos que debieron recibir su baja de la corporación estatal por conductas anómalas. Estas conductas abarcan desde ausentismo injustificado hasta actos de corrupción, agregó.