MORELIA, Mich., 10 de enero de 2020.- Un nuevo embargo de bienes muebles y cuentas bancarias del Congreso del Estado, por el incumplimiento del pago de laudos laborales, se llevó a cabo la mañana de este viernes.

José Antonio Rubio, representante legal de Zulma de Jesús Quesada y Gabriela Macías Castañeda, dijo que la ejecución del embargo fue porque el Congreso del Estado no ha mostrado voluntad alguna para liquidar el monto al que fue condenado por el tribunal colegiado de distrito, desde el pasado julio.

En entrevista, dijo que sus representadas eran trabajadoras de la Auditoría Superior de Michoacán y fueron despedidas de manera injustificada desde 2012, por lo que se demandó su reinstalación y el pago de salarios caídos, y aunque los abogados del Congreso promovieron un juicio de amparo, lo perdieron y fueron reinstaladas en sus puestos, pero la parte económica está insoluta.

“Tenemos ofrecimiento por parte del Congreso de continuar las pláticas que se tenían de forma extrajudicial, pero formalmente no hay ofrecimiento ni disposición de pago en la hora y día establecidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje”.

El abogado señaló que originalmente la cantidad a pagar a sus representadas era insignificante, pero aún así el Congreso no les quiso pagar y no hubo más remedio que ejecutar el embargo.  

Aunque la Auditoría Superior de Michoacán dejó de depender del Congreso del Estado desde el primer día de 2020, todavía está en proceso su separación del Poder Legislativo que es al que corresponde pagar esos laudos.

En principio de intentó embargar dos cuentas del que ahora es un organismo autónomo, una de Banca Afirma, la otra de HSBC, ambas del Fondo de Fortalecimiento Municipal, pero hasta el momento no hay información institucional del representante legal del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz.