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MORELIA, Mich., 18 de octubre de 2016.- En un país como México, donde las procuradurías o fiscalías no son autónomas no se puede eliminar el fuero, pero si debe modificarse porque como está no le sirve a quien lo tiene ni a los ciudadanos, afirmó el constitucionalista Miguel Carbonell.
Criticó que el debate se haya centrado en el fuero de los legisladores, pero no en el de los titulares de los órganos autónomos, los auditores o los jueces a quienes se dejaría desprotegidos si se les retira el fuero, lo cual sería muy riesgoso.
“Los dejamos desprotegidos ante una procuraduría en manos del Ejecutivo, con una procuración de justicia que no es autónoma; no es tan sencillo, ojalá fuera sí al fuero o no al fuero, pero hay muchos matices”.
El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México considera que se puede mantener el fuero, pero que este no impida que se vincule a juicio a un funcionario acusado de un delito, simplemente que no se le detenga, pero no que el juicio no avance porque esto es posible hasta que se le retire el fuero.
“Podríamos pensar en un esquema de reforma que nos diera pie a una postura intermedia, es decir, que no pudiera vincularse una acción vengativa de la procuraduría en contra de un funcionario incómodo, pero tampoco que el fuero sea sinónimo de impunidad para quienes cometieron un delito, hay que buscar el equilibrio”.
Carbonell indicó que es momento de entrarle en serio al tema y valor con responsabilidad las mejores opciones e insistió en que no es partidario de quitar el fuero al cien por ciento, pero si poner un procedimiento suficientemente ágil, practico para que no equivalga a impunidad.
Señaló que tampoco comparte la idea de desaparecer la inviolabilidad parlamentaria , esto es cuando un diputado, en el ejercicio de su función, se pronuncia en términos muy duros, muy cáusticos incluso, en contra de algún funcionario público no pueda ser reconvenido o demandado por ello.
“Esa es una figura que tiene que subsistir porque queremos diputados que hablen de todos los temas y se pronuncien con la profundidad que tengan que hacerlo y si los dejamos sin protección se arriesgan a ser demandados por daño moral, responsabilidad administrativa hasta penalmente denunciados”, indicó.