Diputados en el limbo; desconocen fallos administrativos contra ediles

MORELIA, Mich., 12 de julio de 2018.- Manuel López Meléndez, diputado local y presidente de la Comisión de Desarrollo Social, aseguró que el Congreso del Estado no cobijará ni será tapadera de alcaldes que enfrenten emplazamientos del Tribunal de Justicia Administrativa.

“El Tribunal Administrativo tendrá que hacer sus valoraciones para inhabilitar a algún funcionario que está acudiendo a un desacato de la autoridad. Pero nosotros como legislativo,  si no tenemos expedientes que señalen a algún alcalde, no podemos actuar”.

¿Habrá encubrimiento por parte del poder legislativo?

“No, claro que no. Nosotros asumiremos la responsabilidad que nos toca, tal y como hemos tratado todas las solicitudes de juicio político. No cobijaremos ni seremos tapaderas de alguien que haya incurrido en violaciones a la ley”, prometió.

López Meléndez negó que el Congreso incurra en desacato a las recomendaciones del Tribunal de Justicia Administrativa y que los grupos parlamentarios cobijen y protejan a alcaldes que son señalados por el TJA por no cubrir adeudos.

“No tenemos comunicación de algún extrañamiento por parte del Tribunal de Justicia Administrativa ni de ninguna otra institución”, aseguró el legislador, quien reconoció que es el TJAM la última instancia para definir y dictaminar el futuro de los alcaldes que están en capilla.

Sin embargo, la Secretaría de Asuntos Parlamentarios de la 73 Legislatura, tiene en sus archivos al menos siete expedientes, cuyas sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa dan cuenta de incumplimiento a sus recomendaciones.

En estos documentos, otorgados por la Dirección General de Servicios de Asistencia Técnica y Jurídica del Congreso del Estado, indican que los acuerdos del TJAM ordena a la 73 Legislatura dé inicio a los procedimientos constitucionales de separación del cargo, -previo juicio político- de los alcaldes de Angamacutiro, Numarán, Maravatío y Zinapécuaro.

También se encuentra el de Lázaro Cárdenas, quien a pesar de que el alcalde, Armando Carrillo Barragán, cumplió con al pago a un particular, no se le exime de los procesos legales y políticos.

Aún así, el perredista aceptó que la ruta de las denuncias, una vez en manos de los diputados, contempla el juicio político, la inhabilitación y, como remate, la querella judicial, pero insistió en que el TJAM no ha remitido nada al Congreso del Estado.