MORELIA, Mich., 13 de marzo de 2018.- Diputados locales enfrentarán un juicio de amparo por el rechazo de la demanda de juicio político en contra de José Luis López Salgado, titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), por la presunta opacidad en el manejo de mil 340 millones de pesos contratados por el estado como crédito con Multiva, explicó Alfonso Álvarez Miaja, presidente del Centro Michoacano de Evaluación (Cemide).  
Alfonso Álvarez expuso que aunque la ley determina que solo en los casos donde el sujeto que se pretende vincular en un juicio político no sea servidor público o donde esta acción resulte “notoriamente improcedente” es viable que los legisladores locales declinen la demanda de juicio político, condiciones que no se cumplen en el caso de José Luis López.
Tras recordar que la semana anterior los diputados locales desecharon la demanda de juicio político presentada por el Cemide en contra del titular de la ASM, Álvarez Miaja aseguró que la organización civil interpondrá en breve un juicio de amparo en contra de los legisladores del estado, además de llevar a cabo medidas de sanción por la vía administrativa. 
“Todavía tenemos otras instancias disponibles, no vamos a aflojar el paso”, reiteró el presidente del Cemide.
José Manuel Lima, abogado del Cemide, precisó que los diputados no detallaron por qué la petición de juicio político contra López Salgado es “notoriamente improcedente”, al no presentar elementos suficientes para ello, lo que deja a la organización la alternativa legal de un juicio de amparo ante un juzgado de distrito y la vía libre para agotar los procedimientos administrativos pertinentes.
Por su parte, Arturo Herrera Cornejo, integrante del Cemide, mencionó que la inconformidad de la organización resulta de la presentación extemporánea e insuficiente de información sobre el uso que se diera al crédito contratado por el estado con la institución financiera Multiva, por mil 340 millones de pesos.
Recordó que para este financiamiento se estableció mediante el decreto 351 que el uso de los recursos debiera acompañarse por un informe pormenorizado de los objetivos receptores de financiamiento, a presentarse en diciembre de 2014.
No obstante, el informe se expuso en enero de 2016 y contiene fundamentalmente datos “copiados y pegados” de un parte emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA); además, dejó lagunas como el uso de 450 millones de pesos, supuestamente para el pago de un crédito a corto plazo que no fue identificado, el pago por cuatro ocasiones de comisiones, la indicación de 408 millones 186 mil pesos pendientes de ejecutar pese a que en la cuenta bancaria se tenían 19 mil 664 pesos, y la entrega al diputado Juan Carlos Orihuela Tello del informe, no por vía institucional al Congreso del Estado.
Alma América Bárcenas, integrante del Cemide, reiteró que “todo lo que se está peleando es el destino del crédito otorgado por Multiva, pero la información solicitada no ha sido presentada de manera oportuna y puntual”.
Arturo Herrera deploró que en la rendición de cuentas y la transparencia se negocien y simulen los procesos a través de un “sistema de complicidades” que mantiene al país en el cuarto sitio a escala internacional en incidencia de corrupción.