Desfile de Catrinas enfrenta a promotora y funcionaria de Economía

MORELIA, Mich., 1 de agosto de 2025.- El conflicto por la autoría de un desfile de Catrinas en Europa escaló en semanas recientes hasta convertirse en una confrontación pública entre la promotora cultural uruapense Claudia Ramírez -por sus lazos matrimoniales muchos años radicada en Italia-, y Omega Vázquez, excandidata de PAN-PRD-MC a diputada, ahora, como afín a la 4T, coordinadora estatal de la Secretaría de Economía.

Claudia Ramírez declaró que desde 2016 impulsa el proyecto Amar a México, asociación registrada en Italia y en México, cuyo propósito sería visibilizar la identidad purépecha y la cultura michoacana en Europa, especialmente entre comunidades de migrantes.

En entrevista con Quadratín, aseguró que organizó por primera vez un desfile de Catrinas y Catrines en Verona, incluyendo exposiciones como el tzompantli del colectivo Axoques de Pátzcuaro, vestuarios enviados desde Michoacán y maquillaje institucional.

Ramírez afirmó que ese formato se replicó en ciudades como Venecia, Milán, Perugia, Nápoles y Brescia; sostuvo que en 2019 recorrió más de 20 localidades en un solo mes, y añadió que en España y Países Bajos embajadas y asociaciones habrían adoptado su modelo.

También mencionó que en 2023 el altar fue exhibido en el Museo Arqueológico de Nápoles, con el apoyo de promotoras como Antonella Bosio y participación de personas con discapacidad.

Según Ramírez, todo el proyecto se habría financiado con recursos propios, aunque admitió haber recibido ocasionalmente hospedaje o apoyos solidarios de fotógrafos.

También mencionó que municipios de Uruapan habrían dispersado 50 mil pesos en 2017 y 2021 a asociaciones que usaron el nombre de su proyecto como justificante y luego desviaron el dinero.

Según la denunciante, el conflicto se originó cuando en 2024 la Embajada de México en Italia recibió un evento liderado por otra diseñadora, apoyado públicamente por Omega Vázquez, en el que habría sido utilizado el formato, los trajes y la narrativa que Ramírez afirma haber creado.

De acuerdo con ese relato, la embajada presentó el evento como iniciativa de Omega Vázquez, sin reconocer la autoría de Ramírez.

El enfrentamiento escaló, aseguran, cuando Ramírez confrontó por WhatsApp a Omega Vázquez, quien, según dijo, la calificó como persona non grata, pues afirmaba que ella no podía salir de México porque no es bien recibida en otros países.

Públicamente, en una retahíla de dimes y diretes exhibidos por las dos protagonistas en Facebook, Omega Vázquez acusó a Claudia de robar diseños de artesanos michoacanos y le recomendó visitar "a un psiquiatra".

Claudia afirmó que presentó denuncias ante el Sistema de Denuncias Ciudadanas de la Secretaría de Hacienda, por presuntos actos de corrupción, así como demandas por violencia institucional, amenazas, daño moral y difamación.

Omega Vázquez, quien ha ocupado cargos de segunda fila en algunas administraciones públicas, autodenominada periodista y feminista, y en función de ello, escritora y conferencista, dijo que no tenía buena señal para atender la entrevista telefónica, pero en un intercambio de mensajes por WhatsApp negó las acusaciones.

Según su versión, el plagio no sería procedente al no existir registro legal de propiedad intelectual, y su participación se habría limitado a apoyar a diseñadoras michoacanas.

Cuestionada sobre sus facultades para mandar a Claudia "al psiquiatría", declaró que se trató de "una sugerencia" y manifestó su disposición de ofrecer este "apoyo social".

“Que te paguen la terapia debería verse como un apoyo social”, afirmó, sin responder a la pregunta de si ella tiene formación profesional médica o psicológica para hacer ese tipo de valoraciones hacia las personas.

Según su versión, habría sido ella quien resultó afectada y expuesta públicamente: “La forma en que fui etiquetada, expuesta y mi imagen vulnerada, no la voy a permitir”, dijo

También declaró haber interpuesto una denuncia penal por daño al honor y a la imagen, y advirtió que cualquiera que respalde las acusaciones contra ella sería “cómplice”.

Aseguró contar con mensajes donde, según explicó, la otra parte le habría solicitado dinero, lo que interpretó como un intento de extorsión: “La denuncia está puesta y no hay marcha atrás”.

Derechos de autor y patrimonio cultural

Claudia, quien asegura que Amar a México cuenta con los derechos de autor del desfile de catrinas en Italia, manifestó que la implicación de Omega Vázquez en un evento similar fue una apropiación indebida de casi una década de trabajo comunitario.

También acusó a la cónsul general en Milán, de exigirle que eliminara del expediente el título de precursora del desfile en Italia como condición para recibir respaldo institucional. “No lo quito, este proyecto es de más de mil personas de México y Europa”, enfatizó.

Adicionalmente, Claudia Ramírez indicó que el embajador de México en Italia habría replicado el formato con otro nombre “Paseo de Catrinas", para evitar conflictos legales, pero utilizando los mismos trajes enviados por ella desde Michoacán.

Aseguró que en esa presentación participó diseño de personas con discapacidad, una joven autista y pintoras de Uruapan, sin ser acreditadas.

Aunque Amar a México está legalmente registrada desde 2016, Ramírez reconoció que cambiar el título facilitaría la reproducción del formato por otros. Subrayó que su reclamo es ético: que su idea, su estructura y el trabajo colectivo se reprodujeron sin crédito y de forma dolosa, según afirmó.

La cultura como mercancía o producto redituable

Los gestores culturales suelen beneficiarse económicamente o simbólicamente de expresiones autóctonas que presentan como propias. Registran marcas, acceden a fondos públicos o imparten talleres basados en saberes colectivos, sin retribuir ni acreditar a las comunidades de origen.

Los políticos lucran con el patrimonio cultural al usarlo como plataforma de visibilidad. Organizan eventos o viajes institucionales con símbolos culturales para proyectar cercanía con el pueblo, sin garantizar siempre participación comunitaria ni transparencia en el uso de recursos.

Este caso ocurre en un contexto nacional donde el patrimonio cultural inmaterial está amparado por legislación como la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, vigente desde enero de 2022.

Esa ley reconoce la propiedad intelectual colectiva de comunidades y establece sanciones por apropiación indebida sin consentimiento previo .

México también es parte de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que obliga al Estado a implementar medidas regulatorias y reportar estrategias de protección en ámbitos nacionales e internacionales .

Además, existe el Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias, de la Secretaría de Cultura, destinado a financiar iniciativas comunitarias, aunque con protocolos institucionales.

Sin embargo, no parece haber normas específicas que regulen el registro de formatos escénico-culturales replicables, ni esquemas claros de acreditación o reapropiación cuando se reproducen bajo estructuras diplomáticas.

En teoría, la legislación prevé la posibilidad de defender formatos tradicionales, pero en la práctica parece que basta con renombrar el proyecto para evitar reclamos institucionales-aunque ello tensa el principio ético del crédito cultural.

Más allá de lo legal, el caso expone cómo un producto cultural, el desfile de Catrinas, puede transformarse en capital simbólico e institucional sin mecanismos transparentes para reconocer su autoría original.

Aunque ambas partes dicen promover la cultura mexicana, el conflicto también revela una tensión entre la autogestión y la réplica institucional que carece de claridad sobre derechos y beneficios.

Estigmas contra la psiquiatría

Finalmente, el uso de expresiones vinculadas a la salud mental por parte de Omega Vázquez, en tanto funcionaria federal, en un contexto de disputa que pareciera legítima, no sólo retrata una vulnerabilidad institucional, sino también la persistencia de estigmas que dificultan el acceso a la salud mental.

Cuando alguien en posición de poder sugiere medidas de ese tipo como respuesta a un reclamo, el mensaje va más allá de un presunto señalamiento personal: refuerza prejuicios estructurales que miles enfrentan al atreverse a buscar ayuda.

Este caso muestra que, sin ética clara y sin marcos para transparentar quién puede representar una manifestación cultural, la cultura se convierte en arma simbólica.

Y aunque no decidimos quién tiene la razón, el conflicto expone una grieta entre lo que debería ser valorado colectivamente y lo que corre el riesgo de devenir en capital político -o mercancía- para beneficio de alguien, mientras que diseñadores y artistas locales están casi siempre lejos de los reflectores o beneficios económicos.