MORELIA, Mich., 3 de noviembre de 2019.- Las sanciones que actualmente se establecen en el Código Penal para los delitos sexuales contra menores de edad no están armonizadas con la realidad ni con el Código Penal Federal, afirmó la diputada Lucila Martínez, al proponer reformas para aumentar la privación de la libertad hasta 30 años.
En su planteamiento, la legisladora del Partido Verde Ecologista consideró necesario señalar de manera adecuada la edad de las posibles víctimas de estupro, abuso sexual o violación equiparada, pues es inconcebible que el victimario de un o una menor que no ha cumplido al menos los quince años, no sea juzgado en apego al daño físico y emocional causado a la víctima.
“En esta tesitura es irrefutable que ha habido funcionarios públicos que valiéndose de su posición han incurrido en la comisión de delitos contra la libertad sexual, es por ello que esta propuesta plantea la posibilidad de que, una vez comprobada su responsabilidad, dichos funcionarios sean destituidos de sus cargos e inhabilitados para ocupar cualquier otro cargo público”.
De igual forma, es necesario definir los actos sexuales, pues de no hacerlo, esto puede prestarse para ambigüedades y confusiones que impidan el castigo del o los culpables o que encuadren su conducta dentro de un delito de menor penalidad, señaló.
Martínez indicó que, de mil casos de abuso, solo se denuncian ante la justicia 100; de ésos, 10 van a juicio; y de ahí, únicamente uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99 por ciento. Por desgracia la cifra negra, es decir los delitos que no se denuncian, es aún mayor.
De acuerdo a datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, nueve de cada 10 agredidas son mujeres, y el 40 por ciento son menores de 15 años; asimismo se sabe que de los abusos perpetrados, nueve de cada 10 fueron cometidos por hombres, y el 70 por ciento sucedió en el hogar de la víctima.
Según datos del INEGI, hasta agosto de 2018 este tipo de delitos sumaban 4.4 millones de mujeres de 15 y más años que vivieron incidentes de violencia contra la libertad sexual durante su infancia. Esta cifra ha crecido en un 20 por ciento durante el primer semestre de 2019.
En este mismo sentido, esta tasa es igual de desalentadora para las víctimas menores de 15 años, ya que, según datos de la OCDE, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos al año, en donde por desgracia, en la mayor parte de los casos el agresor es un familiar o amigo muy cercano a este círculo.
Según los datos obtenidos por la Unicef, se estima que en México el 62 por ciento de los niños y niñas ha sufrido maltrato en algún momento de su vida, 10.1 por ciento de los estudiantes ha padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5 por ciento ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6 por ciento de violencia emocional.