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MORELIA, Mich., 5 de abril de 2021.- Cuando un hombre ejerza violencia intrafamiliar, además de su inmediato desalojo, deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la propiedad o posesión que previamente existían y los apoyos que brindaba para ello.
De acuerdo con una iniciativa de ley que presentó el diputado Ernesto Núñez para reformar la primera fracción del artículo 62 de la Ley por Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres una de las causas principales del temor de las mujeres a dejar el hogar donde se suscita la violencia, es el tema económico para poder continuar pagando la renta del hogar o en el caso que el cónyuge sea el dueño de la propiedad, la madre y sus hijos sean desalojados, lo que genera el aumento de la violencia en el hogar.
Actualmente la Ley por Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres contempla las órdenes de protección de emergencia en su artículo 62, pero en el mismo solo se considera el desalojo inmediato del agresor, en caso de existir violencia en contra de la mujer.
Sin embargo, no garantiza que el agresor seguirá siendo responsable del pago de la renta del mismo lo que trae como consecuencia en muchos de los casos que la víctima no decida hacer valer dicho desalojo, por el temor, de no contar con la suficiencia económica para pagar la renta del hogar, circunstancia que la deja en estado de desprotección y en muchos de los casos se recrudece aún más la violencia familiar.
Es por ello, que la iniciativa tiene por objeto que, en caso de violencia, el agresor no solo deberá desocupar de manera inmediata el domicilio, sino que tendrá las obligaciones contractuales con respecto a la propiedad o posesión, es decir, continuará pagando dicha renta, en caso de ser un inmueble arrendando, o en caso de ser el dueño del mismo deberá permitir que la víctima viva en el mismo.