Demandan comunidades indígenas reconocimiento como 4to nivel de gobierno

MORELIA, Mich., 25 de marzo de 2019.- Reformas a la Ley orgánica municipal para reconocer a las comunidades indígenas como un cuarto nivel de gobierno, demandaron autoridades de Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Arantepakua y Santa Fe de la Laguna, al Congreso del Estado.

Pidieron también reformas al Código Fiscal y a las leyes de Fiscalización y de Transparencia, acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para rendir cuentas bajo su esquema de usos y costumbres y dejen de obligarlos a actuar como si fueran ayuntamientos.

Acompañados de abogados del colectivo Emancipaciones que los han asesorado en la defensa de sus derechos al autogobierno y al ejercicio del presupuesto que les corresponde se reunieron en lo que iba a ser una reunión con los integrantes de las comisiones unidas de Derechos Humanos, de Pueblos Indígenas y Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, pero solo llegaron dos diputados, Teresa Mora y Antonio Soto.

José Luis Flores de Pichátaro señaló que desde 2011 están pendientes reformas para hacer efectivos los derechos que han logrado por la vía judicial al autogobierno y al ejercicio de su presupuesto, pero como no se les reconoce como un cuarto nivel de gobierno enfrentan problemas al interior de las comunidades ya que resulta difícil seguir los lineamientos de los ayuntamientos para el ejercicio de los recursos, así como para su comprobación.

Arturo Bernabé Fuentes de San Felipe de los Herreros dijo que están dispuestos a trabajar con el gobierno, pero requieren de una ley acorde a sus usos y costumbres y sugirió que se realicen talleres y cursos para que ellos puedan aprender como es la administración que se necesita.

María Guadalupe Galván se preguntó ¿qué ganamos con tener un presupuesto directo? Si las leyes no les permiten manejar los recursos de acuerdo a las necesidades de las comunidades y las autoridades quieren que lo manejen como si fueran un municipio, cuando ellos lo que necesitan es que se les reconozca como autoridades comunales.

Leoncio Martínez de Santa Fe de la Laguna, comunidad que apenas está en proceso del reconocimiento judicial para tener auto gobierno y presupuesto directo resumió el hartazgo de las comunidades indígenas respecto a los presidentes municipales al comentar que les corresponden, de acuerdo a la población, 10 millones de pesos anuales, pero anteriormente únicamente les destinaban 500 mil pesos y el último acuerdo, antes de iniciar el proceso legal para independizarse del ayuntamiento, fue de tres millones de pesos.

Su asesor Orlando Aragón señaló que el origen de ese cuarto nivel de gobierno de debe una administración racista de los municipios y por ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconocieron su derecho al auto gobierno, al margen de los partidos políticos, pero la anterior legislatura no quiso recibirlos ni escucharlos para armonizar las leyes estatales que hagan realidad esos derechos.

“Lo que hay son comunidades autónomas y leyes de administración pública municipal, lo que las orilla a comportarse como ayuntamientos, lo cual vulnera sus derechos porque cuando tienen que hacer gestión, les dicen que en la ley no se habla de comunidades”.

Quedó claro que para las comunidades indígenas los problemas comienzan cuando, vía judicial, logran sus derechos al auto gobierno y al presupuesto directo porque tienen problemas hasta para abrir la cuenta en la cual reciben las transferencias y les piden cumplir con los mismos requisitos que los ayuntamientos.

Además, en la cuestión de fiscalización carecen de las claves y tienen que recurrir al presidente municipal para hacerlo, lo cual se presta a interpretaciones erróneas para decir que no rinden cuentas, cuando sí lo hacen.

Aragón informó que paralelamente, a nivel federal están impulsando una reforma al artículo 115 constitucional y de ahí se agarraron el diputado Antonio Soto y Francisco de Jesús Cedillo, quien llegó una hora tarde a la reunión, para decir que la reforma que se requiere es federal, aunque dijeron estar dispuestos a revisar la normatividad estatal.

Teresa Mora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que convocó a la reunión de trabajo dijo que no se trataba de una reunión de catarsis y propuso una mesa de trabajo en la que representantes de las comunidades presenten propuestas concretas de las leyes que se deben reformar, las cuales, advirtió será una por una.

Al final de la reunión, dos horas después de la cita, llegó la diputada Mayela Salas y, sin el menor respeto a la reunión y a los asistentes, solo promovió su campaña de carreteras limpias y a presumir que les da tortas a los ciudadanos que participan.