De Ripley, asesores del Congreso impugnan y evaden leyes

MORELIA, Mich., 2 de junio de 2018.- A destiempo, personal del Congreso del Estado, entre ellos asesores y secretarios técnicos pretenden clarificar la Ley de Responsabilidades Administrativas que ellos elaboraron, pero que ahora pretenden evadir bajo el argumento de la no retroactividad.

En un escrito que enviaron al Contralor del Poder Legislativo, Ignacio Alvarado Laris, luego de que emitió una circular para invitarlos a presentar su declaración patrimonial, demandan les informe de manera fundada y motivada, si están obligados a rendir declaración patrimonial inicial porque con la anterior ley no lo estaban.

Citan en su escrito el artículo 33 fracción uno de esa ley en el que se establece:

La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: 

I.   Declaración inicial, dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la toma de posesión con motivo del: a) Ingreso al servicio público por primera vez y b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo.

Precisan los firmantes que ingresaron a laborar en fechas diversas anteriores al 19 de julio de 2017, fecha en la que entró en vigor la ley y consideran que no se encuentran en esos supuestos.

Su duda es si deben rendir declaración de modificación patrimonial aun cuando fueron contratados bajo normas que establecía una ley distinta a la vigente, la cual no los obligaba a presentar declaración inicial

“Todas están consideraciones, nos generan la preocupación de la posibilidad de que se nos quiera aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo de manera retroactiva, lo que daría como resultado una clara violación a nuestros derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señalan en el escrito.

Como consecuencia de la falta de precisión en las leyes que se modificaron con motivo del Sistema Estatal Anticorrupción con el que ahora se pretende dar seguimiento a la evolución patrimonial de todos los trabajadores al servicio del Estado, los organismos autónomos y los municipios, la mayoría, lo cual requiere que presenten la declaración, de los empleados del Congreso evadieron la responsabilidad.