Cuentan personas con discapacidad psicosocial con fiscalía especializada

MORELIA, Mich., 18 de diciembre de 2020. – Personas en conflicto con la ley que vivan con una discapacidad psicosocial, coloquialmente conocida como trastorno mental o enfermedades psiquiátricas, ahora cuentan con un espacio para acceder a la justicia, a través de la Unidad de Atención a Personas Indígenas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de la Fiscalía General de Michoacán. 

Janeth Martínez Mondragón, fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, dio a conocer que como parte del plan de persecución del delito, así como por la exigencia de los órganos jurisdiccionales,  los servicios periciales y ministerios públicos han iniciado la especialización, para garantizar el acceso a la justicia de las personas justiciables y las víctimas. 

“No hemos recibido casos de personas con la condición de discapacidad psicosocial, pero si, somos la instancia que les daremos atención. Sin embargo está la exigencia de los jueces, para poder tener certeza de la condición de cada persona, la clase de discapacidad y si esta no lo imposibilita para tomar decisiones e ir a juicio”, dijo Martínez Mondrágon. 

Por lo anterior, esa Fiscalía cuenta con convenio con el hospital psiquiátrico, institución que contribuye con los servicios periciales, además, la institución “se está asumiendo el reto, trabajamos en la profesionalización de los servicios y preparando a nuestro personal”, de tal manera que esta discapacidad invisible a los ojos, pueda evidenciarse en los tribunales. 

A decir de la funcionaria estatal, se ha observado que también los asesores jurídicos externos también han emprendido este proceso de especialización, sin embargo, un oficio en poder de esta agencia revela que la deficiencia persiste en la defensa pública. 

“Respecto al protocolo de atención diferenciada personas con una condición psicosocial, psiquiátrica, psíquica, trastorno mental, enajenado, con retraso mental o algún padecimiento relacionado enfermedad mental y sus familias y tú eres padres de familia o familiar responsable de sus cuidados, me permito informarle que su instituto no posee el protocolo ya que no cuenta con personal especializado en psicología que pueda brindar una atención especial a estos usuarios”, dice a la letra el oficio de acceso a la información pública IDP/DG/SA/00847920/2020.

También Francisco López, secretario Técnico del Instituto de la Defensoría Pública, declaró a Agencia Quadratín el pasado 20 de septiembre que los abogados públicos acopian información relacionada a esta discapacidad solo a través de la familia, porque el instituto no cuenta con suficientes fondos para hacer los peritajes por su propia cuenta, lo que podría significar graves violaciones a derechos humanos, ya que de tratarse de una persona en condición de pobreza sus posibilidades de acceder a la justicia se reducen. 

El tener una discapacidad psicosocial exige, según recomendaciones de órganos defensores de derechos humanos, la aplicación de un protocolo de justicia diferenciada, no porque no sean sujetos de la acción penal, sino porque existen diversos grados de discapacidad psicosocial que pueden impedir a las personas la comprensión del contexto en el que se desenvuelven. 

En Michoacán hay más de 180 personas privadas de la libertad con alguna discapacidad psicosocial, ya sea sentenciados o procesados, siendo los principales padecimientos ansiedad, depresión, esquizofrenia y otros padecimientos derivados del consumo de sustancias, como alucinaciones.