Por costos de brazalete, reclusos no pueden cumplir arresto domiciliario

MORELIA, Mich., 17 de octubre de 2017.- La Coordinación del Sistema Penitenciario podría estar incurriendo en violación a los derechos humanos de dos hombres privados de la libertad a los que un juez del orden estatal concedió la suspensión del proceso y cumplir su condena desde su domicilio, hace poco más de un mes, pero que el sistema les negó por no tener fondos para la adquisición de brazaletes electrónicos.

El juez Segundo Penal de Primera Instancia, Francisco Javier Bedolla acordó, con defensa y fiscales, solicitar a la Coordinación del Sistema Penitenciario información para la modificación de la medida cautelar distinta a la prisión para los hermanos Simón y Luis Alberto, consta en un documento en poder de Agencia Quadratín; sin embargo, la respuesta fue negativa.

El acuerdo, basado en el Artículo 155, Fracción 12, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pedía que la autoridad penitenciaria otorgara a los internos el acceso a un brazalete electrónico. Pero la autoridad respondió que no, argumentando que no se contaban con presupuesto, no obstante que es derecho de los internos y uno de los principios del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, al que se ampararon cuando este entró en la región de Morelia en 2015.

Los hermanos Simón y Luis Alberto permanecen recluidos en el penal de Delitos de Alto Impacto sentenciados desde 2014 por el delito de secuestro cometido en contra de dos civiles, pero a lo largo de su expediente se refiere en múltiples ocasiones anomalías relacionadas con tortura en su contra, cosa que no sucedió con sus presuntos cómplices, consta en información pública del caso en el expediente 21/2012 del Juzgado Segundo Penal.

El costo de una pulsera de localización, para prisión domiciliaría, en 2015, se calculaba era de 71 mil pesos, pagar una fianza y además adquirirse con una empresa certificada en materia de seguridad.

En Michoacán hasta ahora se ignora, al menos públicamente, si existen personas procesadas que hayan gozado de este beneficio.

A nivel nacional en entidades como el Estado de México en noviembre de 2015 se otorgó esta medida cautelar a 100 personas sentenciadas; el Centro de Control, Inteligencia y Supervisión Penitenciaria habría sido la encargada de la vigilancia.

En torno a esta medida cautelar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en febrero de 2015, al señalar que este debe ser una medida gratuita para todos los internos, ya que de pagarla los interesados se estaría violentando sus derechos humanos porque el acceso se limitaría a la condición económica de los sentenciados.