MORELIA, Mich., 19 de febrero de 2018.- El secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García estimó que combatir los incendios forestales costó entre 2016 y 2017 alrededor de 100 millones de pesos.

Esto, entre las aportaciones que se realizaron del Gobierno del Estado, los ayuntamientos, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y las comunidades. Y es que explicó que hace dos años fue necesario utilizar helicópteros para consumirlos.

En el caso de la presente temporada, que inició este mes, dijo que las bajas temperaturas que se registraron en la entidad desfavorecieron las condiciones para la generación de incendios forestales.

“Hubo mucha humedad, pero una vez que el frente frío se levante hay condiciones de resequedad en el bosque, lo cual representa riesgo de combustible”, señaló el funcionario estatal, al precisar que el periodo más crítico ocurre entre la primavera y el verano, es decir, de marzo a mayo.

En 2016, las conflagraciones ocasionaron pérdidas en 18 mil hectáreas de bosques y el año pasado la cifra disminuyó a 14 mil hectáreas, debido al trabajo que se realiza a través de los centros intermunicipales para el combate de incendios.

“Estos centros nos permiten tener una radiografía del comportamiento del clima desde años anteriores y poder detectar focos rojos, en función de ello, se realizan prácticas de prevención y se orientan las brigadas para el combate de los incendios”, explicó el secretario de Medio Ambiente.

Actualmente, el estado cuenta cuatro centros de este tipo, pero el funcionario estatal consideró que se requiere un mínimo 10 para cubrir desde la costa michoacana hasta la zona de bosques.

“Este año estamos más organizados y esperamos que la pérdida de bosques por incendios vaya a la baja. No hay que dejar de lado el tema del cambio climático que se escapa de las manos del Estado, ya que es un fenómeno mundial”, comentó.

Luna García recordó que la mayor parte de los incendios forestales son provocados por el hombre, ya sea para el cambio de uso de suelo para el aprovechamiento agropecuario, la ganadería o la urbanización.