Corrupción, drogas, alcohol y prostitución, los retos de las cárceles

MORELIA, Mich., 22 de febrero de 2017.- Aunque negó que prevalezcan autogobiernos, el titular de la Coordinación de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Candelario Jaime Contreras López admitió que entre los principales retos de su administración se encuentra erradicar el tráfico de droga y bebidas, y la prostitución, dinámicas de corrupción en las que participan autoridades de los Centros de Reinserción Social (Ceresos).

“Se daba el caso, no lo voy a negar”, comentó cuestionado en torno a la existencia de sistemas de autogobierno en las cárceles de Michoacán, pero admitió que consecuencia de una dinámica de corrupción al interior de los penales circulan drogas, bebidas, y prostitución, por lo que, como una medida para revertir esta situación, ya se ha procedido a la movilidad de personal.

“Estamos atacando, cerrando las puertas a la corrupción, cambiando custodios, administrativos; hemos hecho cambios en Morelia, Zitácuaro, Maravarío y La Piedad”, expuso en entrevista, al señalar, sin embargo, que pese a eventos como el homicidio de un custodio y un comandante, no se puede juzgar a nadie a priori, y es la Procuraduría General de Justicia (PGJ) la que lleva este tipo de casos.

“Tuvimos la muerte de un custodio y un comandante, está en investigación de la PGJ, no me corresponde, no puedo demostrar la culpabilidad, no tenemos pruebas, procuro ser justo, tengo que hacerlo porque por un chisme no voy a ir a cambiar a una persona”, dijo.

El servidor público insistió en que tiene al frente de su responsabilidad ocho meses, y recalcó que es un compromiso de su administración revertir estos esquemas de corrupción.

Contreras López, general en retiro y ahora coordinador penitenciario, negó que haya sobrepoblación en las cárceles de Michoacán; “estamos holgados”, dijo, al precisar que solo en el caso del penal David Franco Rodríguez, actualmente hay mil 340 internos, pese a que se tiene capacidad para mil 700.

Cuestionado en torno a la distribución de la comunidad penitenciaria, evadió precisar si se mantienen sin clasificación, como ha señalado la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y únicamente se limitó a reconocer que la ley es clara en cuanto a la separación que debe existir entre la población reclusa, donde hay adultos mayores, indígenas, enfermos mentales, sentenciados y no sentenciados, entre otras especificaciones.