MORELIA, Mich., 7 de abril de 2020.- El Congreso del Estado sigue paralizado, ahora por el Covid 19, mientras los asuntos relevantes siguen acumulándose, como la discusión y aprobación del dictamen de las cuentas públicas de los 113 municipios y este mes vence el plazo para ese procedimiento de la cuenta pública estatal que incluye la de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la de los organismos autónomos o la reforma electoral para definir las reglas que regirán el proceso electivo 2020-2021 y que tardíamente iniciaba con la organización de foros de consulta.
Pendientes también tiene la 74 Legislatura los juicios políticos contra el presidente de la mesa directiva Antonio de Jesús Madriz y el ex auditor José Luis López Salgado, además de seis nombramientos, un consejero y dos magistrados en el Poder Judicial, el ombudsperson, el contralor del Instituto Electoral de Michoacán (CEDH) y un comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (Imaip), pero porque la pandemia no permita realizarlos sino porque no se llega a acuerdos en el reparto desde el año pasado.
El dictamen de las cuentas públicas municipales se sacó en la fecha límite para hacerlo de acuerdo con la ley, el 31 de marzo, en una supuesta reunión de los diputados de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la que no se conoció la convocatoria, lugar ni hora en la que se realizó, pero el dictamen se entregó firmado a la presidencia de la Mesa Directiva, por lo que si alguien se inconforma con el dictamen podrá impugnar el procedimiento.
De los cinco foros de consulta ciudadana para la reforma electoral, solo se llevó a cabo uno y los se suspendieron cuando todavía el coronavirus no se detectaba en Michoacán y, hasta ahora la Comisión de Asuntos Electorales no ha presentado una propuesta que integre la supuesta participación ciudadana a través de un micrositio que se abrió para ese fin en la página del Congreso del Estado y lo más probable es que se tengan que aplicar las mismas normas del 2018, como ya lo dijo el vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, David Alejandro Delgado.
El dictamen de juicio político al presidente de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz; procedimiento que solicitaron los diputados del Partido de la Revolución Democrática desde el primer discurso que pronunció en tribuna a nombre del Congreso del Estado, por no haber respetado la institucionalidad y cuestionar al gobernador Silvano Aureoles, luego de recibir el paquete de documentos del cuarto informe de la situación que guardaba la administración pública el 26 de septiembre de 2019, duerme el sueño de los justos.
Ese dictamen debió presentarse al pleno en la siguiente sesión en la que los diputados debieron votar si permanecía o era relevado, pero la Secretaría de Servicios Parlamentarios tardó más de un mes en hacer el oficio con el que se turnó la demanda a la Comisión Jurisdiccional y, cuando se enlistó en la orden del día se bajó. Por acuerdo interno de los diputados de Morena, Madriz tendría la representación legal del Poder Legislativo del 15 de septiembre al 15 de marzo, cuando sería relevado por su correligionario Alfredo Ramírez, por un periodo de tres meses, lo cual no se ha podido hacer porque se suspendieron las sesiones por la contingencia sanitaria.
La pandemia volvió a dejar en suspenso la elaboración del dictamen de juicio político al ex auditor superior de Michoacán, José Luis López Salgado, por no haber informado sobre el destino de un crédito contratado por el Gobierno del Estado por 450 millones de pesos, el cual fue desechado por la pasada legislatura, pero que se retomó por mandato judicial y que no se había podido concluir porque la propia Auditoría Superior de Michoacán no enviaba la información solicitada por la Comisión Jurisdiccional y, cuando finalmente se tuvo la información, con el nuevo auditor, llegó el coronavirus y se suspendieron las actividades legislativas.
Pendiente quedó la designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), luego de un procedimiento desaseado de principio a fin ya que los diputados delegaron la convocatoria en sus asesores y no la leyeron antes de aprobarla y que acabó con el embarazo de la urna en la que aparecieron 44 votos cuando solo son 40 diputados, afectando la imagen de la institución y la de los aspirantes.
La designación del representante del Poder Legislativo en el Consejo del Poder Judicial es otro de los asuntos pendientes porque Adrián Avellaneda, el elegido por el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional Eduardo Orihuela, enfrentó un proceso de responsabilidades cuando era delegado del ISSSTE del que no se tiene información, pero que ameritó su suspensión del cargo, lo cual complicó su nombramiento.
Aunque el Congreso del Estado no tiene más opción que elegir a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) en los tres mejores calificados de acuerdo a los resultados de los concursos de oposición que realiza el Consejo del Poder Judicial, los nombramientos de los titulares de la quinta y octava salas civiles siguen vacantes desde hace un año porque siguen pendientes de dictamen.
Otro cargo que está pendiente desde hace más de un año es el del tercer comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) y apenas estaba en curso la convocatoria para los aspirantes, la cual quedó suspendida por la pandemia.
Contralor interno del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), debió ser designado desde hace año y medio, pero en principio el órgano electoral envió una quinteta de propuestas que surgió de un concurso de oposición en el que los aspirantes dejaron mucho que desear por lo que se le tuvo que ordenar que repusiera el procedimiento y aunque ya lo hizo y ahora la quinteta de propuestas tiene por lo menos calificaciones aprobatorias, los diputados de la Comisión de Asuntos Electoral no se han dado el tiempo para elaborar el dictamen.