Atención

Con el propósito de ofrecer una mejor experiencia dentro de nuestro sitio web, le sugerimos que actualice su navegador, ya que usted cuenta con una versión de internet explorer antigua, que ya no tiene soporte por parte de microsoft y que representa un riesgo de seguridad para usted.

Sigue nuestra transmisión en vivo.
Click para seguir la transmisión
x
alfonso-martinez
Foto: Archivo

Congreso no incentiva el cumplimiento de las leyes: Alfonso Martínez

Fátima Alfaro/Quadratín
 
| 30 de noviembre de 2016 | 17:57
 A-
 A+

MORELIA, Mich., 30 de noviembre de 2016.- A pesar de que la determinación del Congreso del Estado referente a la aprobación de la reforma a la Ley de Tránsito y Movilidad en el Estado de Michoacán no incidió en la decisión que el pasado martes el gobierno municipal tomara sobre la cancelación de las fotomultas, es “difícil ver que en el lugar donde se dictan las leyes no se incentiva el cumplimiento de éstas y se determina violatorio de los derechos humanos sancionar a quien pone en riesgo la vida de terceros por su infracción”, expuso Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital michoacana.

Cuestionado sobre el impacto que esta decisión del Poder Legislativo pudo tener sobre la no implementación definitiva de la fotoinfracción en Morelia, Alfonso Martínez reiteró que se ha dado “marcha atrás porque la mayoría de las expresiones de la sociedad han sido opositoras a la iniciativa”.

“Se politizó demasiado el tema y ello generó muchas opiniones en contra, por lo que debimos escuchar a la mayoría de los sectores; a pesar de que se ha aplicado en muchos lugares de México y el mundo, a decir de algunos actores, Morelia no está lista, y nos vemos en la necesidad de ver otros mecanismos para meter en orden el tránsito, porque es una realidad que no se respeta el reglamento”, refirió el alcalde de Morelia.

La identificación de los lugares más peligrosos para el tránsito vehicular y la instrumentación de campañas viales y de sensibilización son algunas de las estrategias que se pretende instrumentar en sustitución de la fotoinfracción.

Reiteró que la preocupación y ocupación del municipio será la búsqueda de apoyos para suplir la ausencia de los recursos que proveería la recaudación por el pago de las fotomultas, misma que se proyectaba destinar al reforzamiento de la Policía Michoacán Unidad Morelia.

“Yo quisiera que los diputados acompañaran estas decisiones de un cheque para resolver el tema de la seguridad del municipio, es decir, que nos pudieran apoyar para poder tener los policías que requiere nuestro municipio y brindar la seguridad que demanda Morelia”, expuso Martínez Alcázar.

Detalló que el parámetro nacional de elementos de seguridad pública es un policía municipal por cada mil habitantes, por lo que Morelia requiere de 840 o dos unidades acreditables; al inicio de la actual gestión contaba con 193 elementos no acreditados, en tanto que al momento se cuenta con 437 agentes acreditados.

“Esperamos que nos apoyen (los diputados) para contratar los 403 policías que todavía nos faltan”, mencionó Martínez Alcázar.

Aseveró que no se dispone de una estimación del monto que en recursos percibiría el municipio por el pago de las fotomultas que se generasen en Morelia, además de expresar que “damos carpetazo” al tema.

“El contrato no se firmó, ya correrá la vía del diálogo, la empresa está en la mejor disposición, por lo que creemos que no habrá afectación para el municipio”, manifestó el edil de Morelia.

Cancelación de fotomultas, sin riesgos para el erario público

La cancelación del proyecto de la fotoinfracción en Morelia responde a la “lógica de atender a ciudadanía y no tiene que ver con el Congreso del Estado y la aprobación de la reforma a la Ley de Tránsito y Movilidad en el Estado de Michoacán”, reiteró Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario de Administración.

Especificó que se informará al comité de adquisiciones sobre la cancelación del fallo y la legal notificación a la empresa que recibiese en asignación la iniciativa, Autotraffic.

Reconoció que desde que no se firmó el contrato, se podía dar un alto al proceso, por lo que se debió prever la posibilidad de que no se concretara, así que se tiene “absoluta certeza” de que no habrá costos o penalizaciones en contra del municipio.