Congreso no contaría con expedientes de su personal

MORELIA, Mich., 6 de octubre de 2016.- La actual legislatura recibió una plantilla laboral de mil 87 trabajadores y actualmente es de mil 93, por lo que el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Rogelio Andrade, miente, acusó el presidente del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, Roberto Carlos López García.

Sin embargo, dijo que no hay manera de saber quiénes ingresaron en esta legislatura y quienes en pasadas, dejando entrever que no existen expedientes del personal que labora en el Congreso del Estado o documentales de altas y bajas.

Lo que sí es cierto, admitió, es que cada diputado tiene cuatro asesores, pero no son de nueva contratación sino que sustituyeron a los que se fueron con los anteriores diputados.

Aceptó también que por grupo parlamentario -de los que hay cinco y una representación- tienen en promedio tres asesores más, lo mismo que las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política.

Se le preguntó si son necesarias tantas personas con el cargo de asesores cuando se les ve cargando los portafolios o solamente como acompañantes de los legisladores y señaló que eso es decisión de cada diputado.

Él, ejemplificó a petición de los reporteros, tiene uno que lo auxilia en temas del campo, otro en temas jurídico penales uno más en planeación administrativa y un asistente personal.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional tampoco supo a cuánto asciende el gasto del personal sindicalizado y basificado, únicamente en los general dijo que el gasto corriente asciende a los 620 millones de pesos.

López García dijo desconocer si Rogelio Andrade tiene alguna razón para mentir en sus declaraciones a la prensa ya que el contrato colectivo ya se firmó y los derechos de todo su gremio están
garantizados.

Como siempre lo declaran los diputados, reiteró que ya pronto van a hacer pública esa información y hasta puso plazo, antes de que inicie 2017 y no por voluntad propia sino porque la ley los obliga a dar a conocer la plantilla laboral, los perfiles, los salarios brutos y netos o los convenios con los medios de comunicación.