MORELIA, Mich., 18 de junio de 2019.- Contrario al pregonado discurso de dotar de autonomía a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Javier Estrada Cárdenas, admitió que todos los partidos llevan candidato, y confesó que su favorita es Fátima Celeste Díaz Fernández, ex coordinadora de la campaña presidencial de Ricardo Anaya.

En rueda de prensa en la sede del Comité Directivo Estatal del PAN, donde se anunciaron actividades por el 80 aniversario del partido, Estrada Cárdenas dijo que no se sumará a doble discurso de la autonomía cuando en la realidad todos los partidos llevan una propuesta.

“Todos tenemos nuestro corazoncito, negarlo es abonar al doble discurso, decir: ´yo no llevo a nadie y que viva el mejor´, cuando por abajo todos llevan; por ejemplo, el fiscal carnal, que se hablaba de Adrián López Solís, todos los partidos llevaban su fiscal carnal”, dijo.

Cuestionado en torno a si esto no trastoca la buscada autonomía de la ASM, responsable de vigilar cómo se gasta el dinero público en Michoacán, aclaró que el PAN pugnará por el mejor perfil.

“Siempre estaremos privilegiando el mejor perfil para la ASM; es un tema muy sensible, la fiscalización de los recursos públicos; y que en verdad se cumpla el cometido de este órgano autónomo, que aprovechemos la nueva Ley de Fiscalización, para que haga de la mejor manera su trabajo frente a municipios y entes estatales”, expresó.

Estrada Cárdenas señaló que si bien Fátima Celeste, ex coordinadora de la campaña presidencial de Ricardo Anaya, y quien, bajo las siglas de Acción Nacional ha ocupado diferentes cargos como regidora de Morelia, es la abanderada para la ASM, se privilegiará en todo momento el mejor perfil.

Cabe recordar que uno de los discursos más trillados entre los diputados de las distintas bancadas del Congreso de Michoacán ha sido el supuesto compromiso con garantizar plena autonomía a la ASM, donde recientemente concluyó funciones José Luis López Salgado, ex dirigente del PRD, harto cuestionado por el supuesto manejo político de la fiscalización.