MORELIA, Mich., 16 de abril de 2019.- Al término de cada administración municipal los gobiernos salientes podrían llevarse a su casa los documentos oficiales, evidencia de muchas de sus decisiones, por lo que autoridades advierten que esta dinámica llegará a su fin con la Ley General del Archivos, que entra en vigor en junio, y que impone penas de 10 años de cárcel por la sustracción al patrimonio.

En entrevista, la comisionada presidenta del Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Protección de datos personales (Imaip), Areli Navarrete Naranjo, mencionó que el ejemplo más claro de la urgencia de una ley de archivos se puede ver en los ayuntamientos, donde hasta la fecha ha habido manejo discrecional de los documentos.

“Tenemos que llevar una gestión documental muy completa para conservar los documentos, que son la prueba de lo que se hizo con el dinero público; el ejemplo más claro de lo que implica está en los ayuntamientos, cuando cambian de administración se llevaban los documentos”, dijo.

Sin embargo, advirtió que esta práctica podría llegar a su fin con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos en junio, aunque en términos de ley Michoacán tendría un año y medio más para homologarse y entrar en vigor en el ámbito estatal.

“Esto ya no va a pasar, la Ley General de Archivos impone multas hasta 400 mil pesos y penas de prisión desde tres hasta 10 años porque los documentos no son de quienes los trabaja, son un derecho humano, un bien público y tenemos que tener conciencia de eso”, subrayó.

Cabe mencionar que la Ley General de Archivos que entrará en vigor en junio será aplicable a todos los sujetos obligados, y no solamente a los ayuntamientos; entrada en vigor esta ley dará un año para homologar a la Ley Estatal de Archivos.