Con un pie en la cárcel, ex secretario de Finanzas de Jara por 570 mdp

MORELIA, Mich., 17 de julio de 2019.- Miguel López Miranda, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), durante el gobierno de Salvador Jara Guerrero, tiene un pie en la cárcel si no paga con bienes o recursos propios la multa de 572 millones 15 mil pesos impuesta por la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem).

Así lo expuso en entrevista el contralor de Michoacán Francisco Huergo Maurín, al recordar que el recurso pendiente que tiene López Miranda supera los 572 millones 15 mil pesos tiene que ver con bienes del Estado vendidos por debajo de Catastro, lo que constituye un daño al erario.

“Lo primero que hicimos fue informarle a la Secretaría de Finanzas, que puede constituir un Crédito Fiscal y hacer la cobranza; él se puede declarar con capacidad o no de pago, y entonces ya veríamos si procede el inicio del procedimiento penal”, explicó Huergo Maurín.

Abundó que el ex titular de la SFA tendrá que poner los bienes y los recursos de lo que se le está exigiendo, y en caso de que no se cubra la Contraloría tiene la posibilidad de actuar de forma penal. “Es una cantidad arriba de los 570 millones de pesos, no sé si un servidor público tenga acceso a esa cantidad”, dijo.

López Miranda acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con un recurso de revisión, por lo que la Contraloría está en espera de conocer el sentido del pronunciamiento de esa institución.

“Nosotros insistimos en que por no ser un asunto de derecho institucional ni de derechos humanos no habría elementos para que la SCJN lo admita; sin embargo, la Corte tiene sus procedimientos”, comentó Huergo Maurín, al señalar que aunque no hay una fecha prevista para conocer dicho pronunciamiento, se esperaría para agosto.

En la demanda de amparo directo administrativo 702/2018, el Poder Judicial de la Federación negó en marzo pasado el amparo directo a Miguel López Miranda, quien buscaba nulidad de una resolución administrativa de la Secoem, por lo que se confirmó la sanción impuesta de ocho años de inhabilitación y sanción económica por 572 millones 15 mil pesos.