Cómo se Fabrica Una Efeméride Jurídica

MORELIA, Mich., 12 de Julio de 2026.- Cada 12 de julio, el gremio jurídico mexicano repite el mismo ritual: se comparten frases, memes, felicitaciones y una historia que ya suena a verdad revelada —que en 1553, en la Real y Pontificia Universidad de México, se impartió la primera cátedra de Derecho en América, y que de ahí nace nuestro Día del Abogado. Es una narrativa cómoda. Es también, vista con el rigor que exigimos a cualquier expediente, una narrativa que no resiste el contraste documental.

Basta comparar las fuentes que circulan sobre esta efeméride para notar que ni siquiera concuerdan entre sí: unas ubican el hecho en 1553; otras, veinte años antes, en 1533. Unas atribuyen la primera cátedra a Fray Bartolomé Frías y Albornoz; otras, a Pedro Morones, con una fecha distinta. Ninguna remite a un documento primario —acta de claustro, libro de cátedras, crónica virreinal contemporánea— que sostenga el dato con la precisión que cualquier historiador exigiría. Cuando el "origen fundacional" cambia de año y de protagonista según quién lo narre, lo que tenemos entre manos no es historia verificada: es tradición repetida por inercia, sin que nadie se haya tomado el trabajo de auditarla.

Lo único cierto, consistente y documentable es mucho menos poético: el Día del Abogado se instituyó por decreto presidencial en 1960, a solicitud del Diario de México ante Adolfo López Mateos. Todo lo demás —el fraile, la cátedra, el año 1553— parece haberse injertado después, como un ropaje histórico prestado para dar solemnidad a lo que, en el fondo, fue una gestión gremial y periodística con acceso a Los Pinos. Historiadores del Derecho como Alejandro Mayagoitia y Óscar Cruz Barney lo han señalado con toda razón: se fabricó una efeméride para congraciarse con el poder presidencial, no para honrar un hecho jurídico verificable.

Y aquí conviene detenerse, porque el ejercicio no es meramente anticuario. La forma en que el gremio jurídico construyó su propia efeméride —tomando un hecho vago del pasado colonial y ajustándolo retroactivamente para servir a un interés del presente— es, sin proponérselo, un espejo de un vicio más profundo y más actual: la tentación de subordinar la verdad —histórica, jurídica, institucional— a la conveniencia del poder en turno.

Porque si algo vive hoy la abogacía mexicana es precisamente esa tensión. Vivimos un momento en que el Poder Judicial ha sido objeto de una reforma que modificó de fondo la forma de acceder a la judicatura, con la elección popular de juzgadores como su eje central. Es un tema que divide con legitimidad: quienes la defienden argumentan que democratiza un poder históricamente opaco y endogámico; quienes la cuestionan advierten que politiza la impartición de justicia y erosiona la independencia judicial frente a mayorías circunstanciales. No corresponde a este espacio zanjar esa discusión —ambas posturas tienen argumentos serios—, pero sí corresponde señalar que, sea cual sea la postura de cada quien, el oficio del abogado no puede volverse decorativo frente al poder, así como no debió volverse decorativo hace sesenta y cinco años cuando se fabricó una fecha para halagar a un presidente.

La abogacía mexicana enfrenta hoy un contexto de polarización política, de presión sobre la autonomía de los órganos de control, de litigios que se libran tanto en tribunales como en la opinión pública, y de una ciudadanía que legítimamente desconfía de instituciones que percibe capturadas. En ese escenario, la pregunta que debería ocuparnos el 12 de julio no es si la cátedra se dictó en 1553 o en 1533, sino si estamos ejerciendo el Derecho con la independencia de criterio, el rigor técnico y la valentía que el momento exige —o si, como el mito fundacional de nuestra propia efeméride, preferimos la comodidad de la narrativa oficial a la incomodidad de la verdad.

Ejercer el Derecho desde sus principios, en el México de 2026, significa defender al cliente sin renunciar a la ley; litigar con técnica sin claudicar ante la presión política, venga de donde venga; y recordar que la función del abogado —seamos litigantes, académicos, jueces o funcionarios— es ser garantes del Estado de Derecho, no instrumentos de quien detente el poder en turno, sea este el que sea.

Que la fecha se haya fabricado no le resta ni un ápice de sentido al llamado que hoy nos hace: practicar la abogacía con pasión, con vocación y, sobre todo, con la honestidad intelectual de no inventarnos historias —ni sobre nuestro pasado, ni sobre el presente que nos toca defender.

Domingo Ruiz López

Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal