Retomarán operativo para evitar invasión de comercios formales en aceras
MORELIA, Mich., 4 de febrero de 2025.- El Congreso de Michoacán presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), tras detectar que al menos en 50 de 170 juicios laborales en su contra su representación jurídica no presentó defensa alguna.
La mayoría de estos casos provienen de la 74 Legislatura, y en al menos 50 de ellos no hay registro de que el Congreso de Michoacán haya contestado las demandas ni ofrecido pruebas en su defensa, lo que derivó en circunstancias jurídicas de desventaja y la posibilidad de costos millonarios para el Legislativo.
Lo anterior lo reveló el presidente del Congreso, Juan Antonio Magaña de la Mora, quien, a pregunta expresa señaló que la omisión sistemática en estos litigios no parece accidental, sino que podría implicar una responsabilidad mayor.
"Si se te pueden ir dos o tres, verdad, pero…, en cuatro meses que he estado analizando este asunto por lo menos llevo contabilizados 50 que no hubo defensa del Congreso, nada, ni pruebas, ni siquiera, nada de nada”, declaró.
Congreso pagó más de lo ordenado en algunos laudos
La falta de defensa en estos casos ha generado un impacto económico significativo para el Legislativo. Algunos laudos han costado hasta 2 millones de pesos, y en al menos un caso se detectó que el Congreso de Michoacán pagó más de lo estipulado en la sentencia.
En entrevista, este martes, Magaña de la Mora mencionó el caso de una trabajadora a la que la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó pagar 712 mil pesos por salarios caídos, pero al final recibió más de 800 mil pesos porque el Congreso asumió el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuando correspondía a la beneficiaria.
“Eso en principio es un poco sorprendente, porque dices: '¡no contestaste la demanda!', pero ya luego con la sentencia que dice 712 mil pesos, va el jurídico y celebra un convenio para pagarle 800 mil pesos”, cuestionó el legislador.
Investigarán si hubo colusión para beneficiar a trabajadores demandantes
Además de la omisión en la defensa, Magaña de la Mora señaló que hay indicios de que algunos diputados o funcionarios, principalmente de la 74 Legislatura, pudieron haber facilitado la obtención de estos laudos favorables a los trabajadores a cambio de un beneficio económico.
A pregunta expresa, el diputado Magaña de la Mora, emanado del PVEM, y quien también es magistrado en retiro, dijo que en su experiencia en el mundo de los litigios y las prácticas de defensa legal, no tiene conocimiento de un precedente similar a omisiones deliberadas.
Congreso dará vista a la Junta se Coordinación Política y a la Fiscalía Anticorrupción
El presidente del Congreso adelantó que en un plazo de 15 días concluirá la revisión de los expedientes y presentará la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, además de informar a la Junta de Coordinación Política.
"Tengo que dar vista a la autoridad”, afirmó, tras advertir que la falta de defensa podría constituir no sólo una responsabilidad administrativa, sino también un posible delito.
Magaña de la Mora también subrayó que, en caso de que se confirme la omisión dolosa, el caso podría derivar en sanciones penales.
“Para mí habría una negligencia técnica, primero empezaría por un tema administrativo que finalmente redunda en una responsabilidad, y luego podría haber ya delito si hubiera una responsabilidad profesional”, explicó.
Caso podría ser uno de los mayores escándalos financieros en el Congreso
La omisión en la defensa legal del Congreso de Michoacán y la posibilidad de que haya existido un esquema interno para favorecer a los trabajadores demandantes con fallos sin oposición legal han generado preocupación sobre el impacto financiero de estos laudos.
El Legislativo se encuentra en una crisis que no sólo implica pérdidas económicas, sino que también podría derivar en un escándalo político y legal si se comprueba que la falta de defensa en estos casos fue resultado de acuerdos internos o corrupción.
Magaña de la Mora advirtió que, si se confirma la falta de defensa deliberada en los laudos, se actuará en consecuencia. “No puede ser uno, no puede ser… Tú imagínate que tú le encargas a tu abogado un asunto de divorcio y no te contesta la demanda”, dijo al ejemplificar la gravedad del problema.
El Congreso de Michoacán se enfrenta así a una revisión profunda de su gestión legal y financiera, con la expectativa de que las investigaciones determinen si hubo responsabilidades administrativas o penales en este caso.
La 74
La 74 Legislatura del Congreso de Michoacán, en funciones del 15 de septiembre de 2018 al 14 de septiembre de 2021, estuvo integrada por 40 diputados, de los cuales 24 fueron electos por mayoría relativa y 16 por representación proporcional.
La distribución de fuerzas políticas reflejó un Congreso sin mayoría absoluta, lo que obligó a negociaciones y alianzas para la aprobación de iniciativas y reformas.
La bancada más numerosa fue la de Morena, con 12 diputados. Sus legisladores por mayoría relativa fueron Osiel Equihua Equihua (Distrito 3, Maravatío), Teresa López Hernández (Distrito 5, Zamora), Wilma Zavala Ramírez (Distrito 7, Zacapu), Fermín Bernabé Bahena (Distrito 10, Morelia Noroeste).
Alfredo Ramírez Bedolla (Distrito 11, Morelia Noreste), Francisco Cedillo de Jesús (Distrito 14, Uruapan Norte), Antonio de Jesús Madriz Estrada (Distrito 16, Morelia Suroeste), Sergio Báez Torres (Distrito 17, Morelia Sureste), Zenaida Salvador Brígido (Distrito 21, Coalcomán) y Teresa López Hernández (Distrito 22, Múgica). Mientras que por representación proporcional, únicamente contaron con una diputación.
El PAN ocupó la segunda posición en cantidad de legisladores, con ocho diputados. Entre ellos, Hugo Anaya Ávila (Distrito 1, La Piedad), José Antonio Salas Valencia (Distrito 6, Hidalgo) y David Alejandro Cortés Mendoza, Arturo Hernández Vázquez y José Antonio Salas Valencia, quienes ingresaron por la vía plurinominal.
El PRD también contó con ocho legisladores, con representación tanto en distritos como por la vía plurinominal. Entre ellos estuvieron Octavio Ocampo Córdova (Distrito 9, Los Reyes), Norberto Antonio Martínez Soto (Distrito 12, Hidalgo), Miriam Tinoco Soto (Distrito 13, Zitácuaro), Araceli Saucedo Reyes (Distrito 15, Pátzcuaro) y Humberto González Villagómez (Distrito 18, Huetamo).
A ellos se sumaron por representación proporcional Miriam Tinoco Soto, Araceli Saucedo Reyes, Norberto Antonio Martínez Soto y Octavio Ocampo Córdova.
El PRI tuvo cinco representantes, todos por la vía plurinominal. Sus legisladores fueron Adriana Hernández Íñiguez, Yarabí Ávila González, Eduardo Orihuela Estefan y Marco Polo Aguirre Chávez.
El PT ocupó cuatro espacios en el Congreso, todos electos por mayoría relativa: Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez (Distrito 2, Puruándiro), Teresa Mora Covarrubias (Distrito 4, Jiquilpan), Baltazar Gaona García (Distrito 8, Tarímbaro) y Mayela del Carmen Salas Sáenz (Distrito 19, Tacámbaro).
El PVEM contó con dos diputados, ambos plurinominales: Ernesto Núñez Aguilar y Lucila Martínez Manríquez. Movimiento Ciudadano (MC) tuvo una única representación, con Javier Paredes Andrade como su diputado de representación proporcional.
Esta distribución de fuerzas hizo que la 74 Legislatura operara bajo constantes negociaciones entre partidos, sin un bloque dominante, lo que generó debates intensos y acuerdos circunstanciales en los temas legislativos más relevantes para Michoacán.
Abogados políticos
De acuerdo con información de Contramuro Noticias, publicada por Dalia Villegas Moreno en diciembre de 2021, el Congreso de Michoacán arrastraba entonces una deuda de más de 13 millones 209 mil pesos por laudos laborales perdidos.
El líder sindical Rogelio Andrade Vargas señalaba que la recontratación de Virgilio Moreno Zavala, resultaba cuestionable, ya que su despacho perdía casos clave, y generaba pagos millonarios.
Andrade Vargas explicaba que la falta de regulación en la contratación de empleados de confianza permitía demandas exitosas tras despidos y agravaba el problema en cada legislatura.
En enero de 2022, Fidel Calderón Torreblanca justificó los laudos laborales en el Congreso de Michoacán, pues alegaba que era un problema estructural de la administración pública.
El entonces secretario de Finanzas del Congreso Mario Alberto Villegas Alfaro, informaba que los laudos sumaban más de 13 millones de pesos, mientras que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje reportaba 44 demandas en 2021, derivadas del despido de trabajadores sin finiquito.
Calderón negó tajantemente tener intereses deshonestos en la contratación del despacho y aseguraba que eran especialistas en la materia.
Con relación a este tema ya en la actual 76 legislatura Magaña de la Mora admitió la necesidad de regular la contratación de personal de confianza en áreas como el departamento jurídico, que a la fecha está sujeta a acuerdos políticos.




