MORELIA, Mich., 25 de enero de 2019.- Un total de 27 demandas en contra de estaciones de servicio captó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Michoacán en el curso de las últimas tres semanas, mediante el operativo para verificar la operación del sector durante la crisis derivada del desabasto de gasolinas, indicó Ricardo Sheffield, titular de la instancia.

Sheffield mencionó detalló que la Profeco efectuó 557 visitas de monitoreo a diferentes gasolineras del estado, en las que se identificaron conductas irregulares, como el condicionamiento de la venta del hidrocarburo a la adquisición de algún aditivo, incluso cuando el consumidor no lo requiriese.

Asimismo, la limitación de las formas de pago a exclusivamente efectivo y la preferencia en la atención a los consumidores que portaran vales de la empresa proveedora, pese a que la insuficiencia de combustibles llevó a que sólo las unidades vehiculares de los servicios de emergencia, protección civil y seguridad pública tuvieran preferencia sobre otros usuarios.

Ricardo Sheffield manifestó que en estos casos se procedió a la conciliación entre la estación de servicio y el consumidor en el sitio del incidente, con el objetivo de reducir la cantidad de casos que es procesada y agilizar una resolución favorable para la población.

“Como consumidores, no ganamos mucho con la imposición de multas o penalizaciones a los infractores, cuando lo que queremos es que se nos dé un buen servicio”, consideró el titular de la Profeco.

Pendientes, infracciones graves a derechos del consumidor en gasolineras

Sheffield acotó que entre las anomalías que se detectaron en estaciones de servicio en Michoacán durante el operativo con motivo del desabasto de gasolinas destacó un cuatro por ciento de las visitas realizadas, donde se encontraron irregularidades “graves”.

Entre éstas, la discordancia entre el precio anunciado en el acceso a la gasolinera, el indicado en las bombas, el autorizado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el especificado en el comprobante de la venta, así como la venta de litros menores a mil mililitros.

La Profeco determinó que estos casos serán estipulados como pendientes de atención, ya que el seguimiento del debido proceso podría llevar a la imposición de sanciones económicas o el cierre temporal total de la estación de servicio, con lo que se pudiera reducir la disponibilidad del insumo para los consumidores.

“Los estamos guardando para un mejor momento, los registramos y documentamos, porque a cada capilla le llega su fiestecita, que puede traducirse en una clausura del negocio y una sanción económica desde 16 mil pesos por bomba”, refirió.

Agregó que ante la identificación de gasolineras cerradas, la Profeco únicamente tiene competencia para determinar que el cierre obedece a la ausencia de combustibles para su comercialización, mientras que el por qué no cuentan con hidrocarburos es competencia de instancias como la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).