Asociación rechaza cambios a Ley de Salud Mental en Michoacán

MORELIA, Mich., 19 de marzo de 2026.- La Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario ha tomado conocimiento del paquete de reformas a la Ley de Salud y a la Ley de Salud Mental del estado de Michoacán, aprobado por unanimidad por el Congreso local el 18 de marzo de 2026, y se ve en la obligación ética, profesional e institucional de pronunciarse al respecto con absoluta claridad.

Se indica en un comunicado que, reconocemos la salud mental y el bienestar emocional como componentes esenciales del derecho humano a la salud, lo que representa un avance en el plano declarativo. También valoramos que el dictamen visibilice poblaciones históricamente desatendidas: zonas rurales y de alta marginación, personal médico en formación, mujeres en etapa perinatal. Sin embargo, toda declaración de derechos que no vaya acompañada de los medios materiales para hacerla efectiva no es legislación: es simulación.

DE LA CONTRADICCIÓN CENTRAL
El Congreso de Michoacán ha ampliado derechos, cobertura y obligaciones institucionales sin contemplar un solo peso adicional de presupuesto, por ejemplo para la basificación laboral de cientos de psicólogos que todos los días atienden de manera profesional y científica a las poblaciones vulnerables. Ha ordenado a la Secretaría de Salud habilitar áreas especializadas en salud mental en unidades de primer nivel, atando su cumplimiento a "la disponibilidad de recursos existentes". Esto no es una reforma: es una aspiración legislativa que, en los hechos, autoriza al Ejecutivo a no cumplir, como acontece el día de hoy.

La Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario señala con firmeza: no es posible transformar el modelo de atención en salud mental, ampliar cobertura, fortalecer la intervención comunitaria y atender la salud emocional del propio personal sanitario con los mismos recursos con los que hoy el sistema ya resulta insuficiente. Eso no es austeridad responsable; es negligencia institucional disfrazada de legislación progresista. Mientras sigan las administraciones mediocres en la gestión de la salud mental, los resultados seguiran siendo los mismos: alza en casos de suicidios, alza en casos de depresión, ansiedad y un largo etcétera. 

DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS PSICÓLOGOS: LA DEUDA QUE NADIE NOMBRA
La reforma aprobada hace referencia al agotamiento del personal de salud, pero evita nombrar una realidad estructural que la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario no puede seguir tolerando en silencio: en Michoacán y en México, la gran mayoría de los psicólogos que sostienen los servicios de salud mental en el sector público trabajan bajo esquemas de contratación precaria, honorarios discontinuos, prestación de servicios sin seguridad social, plazas eventuales y mediante figuras que simulan relaciones laborales sin serlo, sin recursos suficientes para atender a la población, que realmente tiene muchas necesidades de psicología de vida o muerte. 

Mientras el dictamen ordena nuevas responsabilidades institucionales en materia de salud mental, los profesionales que habrán de cumplirlas siguen sin contrato, sin prestaciones, sin certeza laboral y, en muchos casos, con remuneraciones que no corresponden a su nivel de formación ni a la complejidad de su trabajo clínico y comunitario.

Exigimos que cualquier reforma en materia de salud mental que pretenda ser seria contemple de manera explícita e impostergable:

1. La formalización laboral plena de todos los psicólogos que prestan servicios en el sistema público de salud, con contratos de base, seguridad social, prestaciones de ley y escalafón profesional. No puede seguir en los gobiernos que se dicen de izquierda, psicólogos de primera y psicólogos de segunda a la hora de pagarles.

2. La creación de plazas suficientes y permanentes de psicología clínica y comunitaria en unidades de primer y segundo nivel, acorde con los estándares internacionales de cobertura en salud mental.

3. La eliminación progresiva y verificable de los esquemas de honorarios asimilados a salarios, contratos por obra determinada y otras figuras que encubren relaciones laborales subordinadas sin reconocerlas como tales. Exigimos ya bases laborales de acuerdo a su responsabilidad. 

4. El establecimiento de tabuladores salariales diferenciados que reconozcan la especialización, la trayectoria y el tipo de intervención que realizan los profesionales de la psicología, equiparables a los de otras profesiones de salud de perfil equivalente. Los concursos de los puestos deben de dejar de ser para incondicionales sin capacidades, amigos o compadres que no tienen conocimientos del sistema público de salud. 

5. La inclusión de los psicólogos comunitarios y de atención primaria en los programas de formación continua, supervisión clínica y cuidado del cuidador que el propio dictamen reconoce como necesarios para el personal médico residente.

DE LA SIMULACIÓN QUE RECHAZAMOS
La Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario advierte que el patrón de "legislar sin presupuestar" no es nuevo ni casual. Responde a una lógica política que permite a los legisladores presentar supuestos avances ante la ciudadanía sin asumir el costo real de los mismos, transfiriendo la responsabilidad al Ejecutivo y, en última instancia, a los propios profesionales de la salud, que históricamente han compensado con su esfuerzo personal, su formación propia y su precariedad las deficiencias estructurales del sistema.

No aceptamos que la vocación de servicio de los psicólogos mexicanos siga siendo el subsidio invisible que hace posible una política pública que el Estado se niega a financiar dignamente.

Hacemos un llamado urgente al Congreso de Michoacán a complementar este paquete de reformas con una iniciativa de presupuesto etiquetado y suficiente para salud mental; al Ejecutivo estatal a presentar un plan de concursos de plazas de salud mental en todos los niveles, implementación con metas, tiempos y recursos verificables; y a la Secretaría de Salud de Michoacán a iniciar de inmediato un proceso de regularización laboral del personal de psicología que presta servicios en la red pública de atención.

Las palabras en la ley cuestan poco. Los derechos reales cuestan presupuesto, voluntad política y honestidad institucional. Exigimos las tres.