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MORELIA, Mich., 5 de enero de 2026.- De acuerdo al Plan de Persecución del Delito 2025-2034, la Fiscalía General del Estado tiene un rezago de hasta 60 mil carpetas sin judicializar, además de déficit de personal y poca coordinación que deriva en otros problemas.
El análisis estructural y presupuestal realizado por el equipo del nuevo fiscal General Carlos Torres Piña los llevó a identificar limitaciones estructurales y operativas que inciden directamente en la eficacia de la procuración de justicia, así como en la capacidad de respuesta frente a los fenómenos delictivos.
El informe resume los problemas en cinco aspectos, entre los que se encuentran atraso tecnológico, déficit de personal, impunidad, falta de coordinación y rezago procesal.
Déficit de personal ministerial, pericial y policial, con cargas de trabajo que superan la capacidad operativa y dificultan el seguimiento oportuno de las carpetas de investigación; rezago procesal significativo, con más de 60 mil carpetas sin judicializar, lo que evidencia una brecha considerable entre la apertura de investigaciones y su conclusión judicial”, refiere el documento oficial.
En un segundo apartado, refiere que también hay “atraso tecnológico y falta de interoperabilidad digital, derivado de la inexistencia de un sistema integral de gestión de casos y de un expediente electrónico unificado; debilidad en la coordinación interinstitucional e interáreas, producto de la fragmentación entre unidades ministeriales, policiales y periciales, lo que genera duplicidades, lentitud y pérdida de información; y, altos índices de impunidad persistentes en delitos de alto impacto, particularmente en feminicidio, desaparición cometida por particulares, extorsión y delitos patrimoniales”.
Por lo que concluyen, “estas condiciones limitan la capacidad institucional para consolidar un modelo de procuración de justicia eficaz, moderno y centrado en las víctimas”.




