MORELIA, Mich., 1 de mayo de 2019.- La ambigüedad fue la opción del Congreso del Estado para aprobar el dictamen de minoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, evadiendo si refleja o no la situación financiera del estado.

Luego de tres recesos y cerca de la media noche se reinició la sesión suspendida seis horas antes con el retiro del dictamen de mayoría impulsado por el Partido de la Revolución Democrática con el que se pretendía establecer que la información fue presentada de acuerdo con las normas aplicables y se cuenta con los elementos suficientes para dictaminar, en un aparente triunfo de Morena.

En ese documento que finalmente no se leyó en su totalidad se dejaba a salvo la facultad de la Auditoría Superior de Michoacán para dar seguimiento en tiempo y forma legal a los pliegos de observaciones, procedimientos de investigación y substanciación de posibles faltas administrativas y el cumplimiento de las recomendaciones, pero no pasó porque se rasuraron esas tres líneas.

Se dio lectura al dictamen de minoría en que se especificó que la cuenta pública no fue presentada conforma a las normas aplicables y no refleja razonablemente la situación financiera de la hacienda estatal, del gasto público y de la Evaluación del desempeño institucional y de los servidores públicos debido a la carencia total e integral.

Ese dictamen fue aprobado en lo general por con 35 votos de los diputados presentes en la sesión, cero votos en contra y la abstención de la diputada de Morena Laura Granados, pero la diputada del Partido Verde Ecologista, Lucila Martínez, se reservó el artículo dos del decreto para quitarle la carga política y simplemente dictaminar, sin especificar si cumplió o no con la ley y cumplir con el trámite de dictaminar.

En contra de esa reserva hablaron los diputados de Morena Cristina Portillo, Fermín Bernabé y Antonio de Jesús Madriz y a favor de la reserva el diputado del Partido del Trabajo Baltazar Gaona, la cual fue aprobada con 24 votos a favor, nueve en contra de Morena y la abstención de Laura Granados también de Morena.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Cristina Portillo resumió que el resultado de la fiscalización mostró que la información se integró de forma parcial y presenta fallas en la estructuración de los formatos de los estados financieros, se dejó de realizar el documento de intereses de la deuda y de flujos de fondos que resuma todas las operaciones

“Las pruebas de congruencia, se dice, resultaron incongruentes tales como cifras del estado de situación financiera distintas a los informes del estado de variación en la hacienda pública, importes del estado de cambios en la situación financiera incongruentes con cifras del gobierno del estado y el estado de flujo de efectivo.

“El avance en armonización es deficiente, dejó de atender postulados básicos de contabilidad gubernamental, toda vez que el registro no corresponde a la naturaleza de la cuenta, el resultado es que solo se cuenta con 0.1 centavos para hacer frente a cada peso de deuda; solvencia 0.4 centavos para cubrir cada peso que debe para cubrir compromisos de corto plazo; capacidad financiera 0.9 centavos disponibles para cubrir cada peso de deuda total; ácido 0.4 centavos por cada peso de pasivos de corto plazo, la situación refleja incapacidad de liquidez inmediata”.

Baltazar Gaona del Partido del Trabajo habló a favor de la reserva criticando al Congreso por extralimitarse en sus facultades al pretender reprobar la cuenta pública 2017, aprobando un dictamen que carece de objetividad.

“La aprobación del dictamen no puede cambiar la situación del estado ni para bien ni para mal, no suspende los procesos de fiscalización promovidos por la ASM seguirán su cauce legal, la no aprobación tampoco representa consecuencia jurídica distinta a las ya implementadas por la ASM y será la que determine quién o quienes incumplieron y será la que tendrá parte a las autoridades correspondientes.

“Como congreso no extralimitaríamos pues no somos órgano jurisdiccional para emitir resolución condenatoria o absolutoria, el Ejecutivo entregó información al 99 por ciento de su gasto, incluyendo el 100 por ciento de la administración pública centralizada… Los mayores incumplimientos fueron en el Legislativo y el Judicial y no se menciona en el decreto”.