MORELIA, Mich., 23 de mayo de 2019.- En lo que va del año, el Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Imaip) ha recibido 59 denuncias por incumplimiento de los sujetos obligados, y ha encontrado procedentes 69 recursos de revisión, en que se dio la razón al ciudadano inconforme.

En entrevista con Quadratín, la comisionada presidenta, Areli Navarrete Naranjo, destacó que el dato es relevante porque pone en evidencia el interés y la exigencia de la ciudadanía para ejercer el derecho a la información. Entre los incumplidos se encuentra el Ayuntamiento de Morelia, la UniversidadMichoacana de San Nicolás de Hidalgo y varios sindicatos que ejercen dinero público.

“Tenemos un formato de denuncia que ya viene precargado, se localiza en la plataforma, y en caso no se encuentre la información o ésta esté incompleta, se puede denunciar de inmediato. Esto permite al Imaip ver por este derecho y obligar a los sujetos a cumplir con esta obligación”, explicó.

Abundó que a la fecha se han resuelto 248 recursos de revisión de los que 69 se declararon fundados porque se hallaron tormentos para determinar que el denunciante tenía la razón, de manera que el Imaip dio inicio a los procesos de restitución del derecho, y en caso de mantenerse la negativa, se aplican multas.

Navarrete Naranjo aclaró que las medidas de apremio constituyen multas que pueden alcanzar los 120 mil pesos y que van directamente al bolsillo de los responsables infractores de haber obstaculizado el ejercicio del derecho a la información.

“Los michoacanos ya conocen cuáles son sus derechos, y la forma en que pueden acceder a la información; y que en caso de incumplimiento pueden acudir a este órgano garante, y para nosotros es importante porque de esta forma garantizamos este derecho humano”, comentó.

La comisionada presidenta del Imaip mencionó que tiene sobre la mesa un millar de asuntos, y que a la fecha están en trámite cerca de 300 expedientes de recursos de revisión, que son analizados uno a uno para garantizar la transparencia, elemento indispensable para el derecho a la Información, así como la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados.